En el marco de un nuevo Día del Trabajador, es crucial reflexionar sobre la intervención que debe tener el Estado en la protección de los derechos de los trabajadores y en la promoción de oportunidades laborales. La relación entre el empleo y la inclusión social se vuelve cada vez más relevante, especialmente en un contexto donde la tecnología, en particular la Inteligencia Artificial y la automatización, está transformando de manera radical el panorama laboral. Estas innovaciones no solo alteran la naturaleza de los trabajos disponibles, sino que también redefinen las habilidades requeridas para acceder a ellos, lo que pone de manifiesto la necesidad de adaptaciones normativas que respondan a esta nueva realidad.
Una de las respuestas legislativas más significativas a este desafío ha sido la Ley de Modernización Laboral 27.802, que establece el Programa de Formación Laboral Básica. Este programa, presentado en los artículos 152 y 153 del Capítulo II de la ley, tiene como objetivo fundamental garantizar que las personas que, por diversas circunstancias, no hayan podido adquirir competencias mínimas, puedan hacerlo. Esto no solo es un paso hacia la inclusión, sino que también representa un reconocimiento del Estado acerca de la importancia de las habilidades fundamentales en el contexto actual.
El Programa de Formación Laboral Básica se divide en dos componentes clave. Por un lado, el Programa de Competencias Sociolaborales Básicas está orientado a aquellas personas que no han completado su educación formal, y busca dotarlas de herramientas esenciales, como la comprensión de textos, la expresión oral y el razonamiento lógico-matemático. Por otro lado, el Programa de Formación Laboral Inicial se centra en el desarrollo de habilidades específicas en áreas de actividad económica con potencial de crecimiento, lo que permite a los participantes estar mejor preparados para el futuro del trabajo.
El concepto de empleabilidad mínima, introducido por esta normativa, representa un avance significativo en la legislación laboral. No debe ser interpretado como una exigencia adicional para los trabajadores, sino más bien como un compromiso del Estado para asegurar un nivel básico de ciudadanía económica en el contexto de un mercado laboral en constante evolución. Este enfoque reconoce la responsabilidad compartida entre el Estado y los empleadores en la creación de un entorno que favorezca la inclusión y la formación continua de los trabajadores.
En este sentido, la protección del trabajador en el siglo XXI requiere una evolución en su enfoque. La tutela laboral ya no puede limitarse a la compensación por despidos, sino que debe orientarse hacia una prevención activa mediante la capacitación continua. La falta de competencias críticas, como la alfabetización digital y el pensamiento crítico, ha emergido como una de las principales causas de exclusión social en el contexto actual. La institucionalización del Programa de Formación Laboral Básica por parte del Congreso es un paso que reconoce que el derecho al trabajo es ilusorio si no se cuentan con las herramientas necesarias para navegar en un entorno laboral cada vez más tecnológico.
La Ciudad de Buenos Aires ha comenzado a avanzar en esta dirección, liderada por la gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Se ha impulsado la creación de la Agencia de Habilidades para el Futuro, que ofrece más de 670 programas educativos orientados al desarrollo de competencias laborales. Iniciativas como Talento Tech, SecundarT y Construí tu Futuro son ejemplos de cómo se está trabajando para cerrar la brecha de habilidades y facilitar el acceso al mercado laboral, especialmente para los jóvenes y emprendedores.
Con este enfoque, se busca no solo formar profesionales capacitados, sino también fomentar una cultura de aprendizaje y adaptación que sea esencial en un mundo laboral en constante cambio. La inclusión social a través del empleo debe ser una prioridad para el Estado, y es a través de programas como estos que se puede lograr un futuro más equitativo y accesible para todos los ciudadanos, en el cual cada individuo tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente en el ámbito laboral.
