En un contexto de creciente tensión entre el oficialismo y las fuerzas peronistas, el Senado argentino se prepara para avanzar con una serie de reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. Este viernes, el proyecto de ley denominado “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” fue presentado en la Cámara alta, en un momento crítico que busca recuperar el control de la agenda legislativa por parte del Gobierno. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, ha estado en el centro de la atención mediática, no solo por su polémico uso de vuelos privados, sino también por las iniciativas que ha propuesto para fortalecer la propiedad privada en el país.

El ingreso de esta propuesta legislativa, que consta de 14 páginas y se divide en siete capítulos, se produce en medio de un clima de incertidumbre política. La reforma busca modificar aspectos fundamentales de la Ley N° 21.499, que regula las expropiaciones, limitando los casos en los que se puede invocar la utilidad pública. Según Adorni, este cambio tiene como objetivo que el Estado no pueda decidir, “de la noche a la mañana”, que una propiedad privada debe ser expropiada por un mero capricho del gobierno de turno. Además, se establece un aumento en las indemnizaciones que recibirán los propietarios afectados, buscando así brindar mayores garantías a la propiedad privada.

Otro de los ejes centrales del proyecto es la modificación del Código Procesal Civil y Comercial y del Código Civil y Comercial, con el fin de abordar la problemática de la ocupación ilegal de propiedades. Adorni ha señalado que la reforma propone implementar un proceso judicial más ágil, permitiendo desalojos en un plazo de cinco días. Este cambio busca no solo proteger los derechos de los propietarios, sino también mitigar el impacto que la ocupación tiene en el mercado de alquileres, cuyo aumento ha sido significativo en los últimos tiempos. “El riesgo de que se tomen propiedades eleva los precios de los alquileres en el país”, afirmó el jefe de Gabinete.

Asimismo, el proyecto también contempla modificaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, con el objetivo de eliminar las restricciones para la venta de tierras a extranjeros. Esta reforma se enmarca en una estrategia más amplia de La Libertad Avanza, el partido de Milei, que busca revocar una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, que limitaba la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros a un máximo del 15% a nivel provincial. El oficialismo considera que la liberalización del mercado de tierras es fundamental para atraer inversiones en sectores estratégicos como el petróleo, la minería y la agricultura.

Es importante señalar que este no es el primer intento del Gobierno por modificar la normativa que regula la propiedad rural. En el pasado, ya se había intentado derogar esta ley a través del DNU 70/23, pero la justicia detuvo su implementación. La postura del oficialismo se justifica en la necesidad de fomentar el desarrollo económico y atraer capitales que son esenciales para el crecimiento del país. “No podemos permitir que, por un mero capricho ideológico, se frenen inversiones que son vitales para nuestra economía”, argumentó Adorni en declaraciones recientes.

Con estas iniciativas, el oficialismo busca no solo recuperar la agenda política, sino también enviar un claro mensaje a los sectores productivos del país. En tiempos donde la economía atraviesa serias dificultades, la recuperación de la confianza en la propiedad privada se presenta como un pilar fundamental para el desarrollo y la inversión. La discusión de estas reformas en el Senado será un tema candente en las próximas sesiones y podría marcar un punto de inflexión en la política económica del país.