Una reciente declaración de una empleada de Jag Executive Aviation ha arrojado luz sobre la contratación de un vuelo privado a Punta del Este que involucró al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia. La testigo, Vanesa Tossi, quien confirmó su relación profesional con el periodista Marcelo Grandío, relató cómo se gestó la solicitud de un vuelo en el que, inicialmente, se intentó evitar la facturación correspondiente. Este testimonio resalta una serie de prácticas que podrían evadir la normativa fiscal vigente, planteando serias inquietudes sobre la transparencia en las operaciones de vuelos privados en el país.
Tossi detalló que Grandío, a quien conoce desde hace años, se puso en contacto con ella para solicitar una cotización, bajo el pretexto de “invitar a una familia” a un destino en Uruguay. Sin embargo, una vez que se envió la propuesta, se hizo evidente que los pasajeros eran Adorni y sus allegados. En este marco, la testigo afirmó que Grandío mostró interés en no formalizar la factura del vuelo, lo que generó un debate sobre la legalidad de la operación. Eventualmente, se acordó emitir la factura únicamente para el tramo de ida, a nombre de la empresa Imhouse, vinculada a Grandío, según la documentación presentada.
La declaración de Tossi también incluyó una estrategia poco convencional para abaratar costos. Grandío le solicitó que intentara vender pasajes en los tramos en los que la aeronave volaría vacía, con el fin de mitigar el gasto. Como resultado de esta maniobra, logró vender tres boletos, lo que permitió un descuento significativo de 1.800 dólares sobre el precio total del vuelo. Finalmente, el costo total del servicio se fijó en tres mil dólares, un monto que ha sido objeto de controversia en los últimos días.
En lo que respecta al pago del vuelo de regreso, la testigo indicó que se realizó en efectivo, una práctica que añade otra capa de complejidad al asunto. Tossi relató que, tras recordarle a Grandío sobre la deuda, este le mencionó que una tercera persona, identificada como “Horacio”, se encargaría de gestionar el pago. Posteriormente, un hombre llamado “Marcelo” se comunicó con Tossi para coordinar la entrega del dinero, la cual finalmente se realizó en un encuentro personal donde se le entregó un sobre con el efectivo correspondiente.
El testimonio de Tossi no solo se limitó a los detalles de la transacción, sino que también abordó las acciones posteriores de Grandío tras la divulgación del caso. Según la empleada, el periodista la contactó en varias ocasiones, visiblemente nervioso, a través de llamados que optó por no atender. Este comportamiento ha generado inquietudes sobre la presión que podría estar ejerciendo sobre testigos y la posible obstrucción de la justicia.
Finalmente, en el contexto de la audiencia, Tossi presentó una copia de una carta documento que Grandío había enviado a la empresa Issin. En este documento, Grandío desconocía la factura emitida por el vuelo y negaba la prestación del servicio, además de solicitar una nota de crédito, a pesar de que se había confirmado que el monto de tres mil dólares ya había sido saldado. Este aspecto añade una dimensión adicional al caso, sugiriendo que la falta de transparencia no solo es un problema de facturación, sino que también podría estar vinculado a intentos de encubrir el hecho ante las autoridades competentes.
A medida que este caso se desarrolla, se plantean interrogantes sobre la conducta de figuras públicas y las implicaciones legales de sus decisiones financieras. La situación pone en evidencia la necesidad de mayor regulación y supervisión en el sector de vuelos privados, para garantizar que todas las operaciones se realicen de forma legal y transparente, salvaguardando así la confianza del público en las instituciones.
El caso ha tomado un giro inesperado, y se esperan más declaraciones y evidencias que puedan esclarecer la situación en su totalidad, mientras la opinión pública sigue de cerca este escándalo que involucra a uno de los funcionarios más destacados del gobierno actual.
