Al menos 37 personas privadas de la libertad murieron en cárceles venezolanas desde abril pasado, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). El último fallecimiento ocurrió este lunes y correspondió a Luis Felipe Moreno, alojado en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona, en el estado Anzoátegui, en el oriente del país.

La organización cuestionó al gobierno nacional por incumplir su promesa de rehabilitar y modernizar el sistema carcelario mediante las llamadas “intervenciones”. En ese sentido, reclamó medidas urgentes para frenar las muertes provocadas por enfermedades prevenibles y tratables. “Exhortamos al gobierno venezolano a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para detener las constantes muertes de presos y presas por enfermedades prevenibles y tratables que, de haber recibido atención médica oportuna, no habrían terminado cobrando sus vidas”, sostuvo el OVP.

La ONG afirmó además que “cada muerte bajo custodia constituye un recordatorio de que el abandono institucional sigue siendo una de las principales causas de muerte dentro de las cárceles venezolanas”. Según el organismo, el centro penitenciario de Barcelona alberga a más de 1.400 presos, entre ellos un contingente trasladado desde otro penal del estado oriental de Monagas.

Ese traslado se produjo después de una operación ejecutada por las autoridades en noviembre de 2023. Poco menos de tres años atrás, el gobierno había desplegado el operativo Gran Cacique Guaicaipuro en el Internado Judicial de Monagas, con el objetivo declarado de recuperar el control de sus instalaciones y poner fin al “pranato”, término utilizado para referirse a los jefes de bandas criminales que operan dentro de las cárceles. El OVP sostiene que las muertes registradas evidencian la falta de atención adecuada para las personas bajo custodia estatal.