La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, ha manifestado su inquietud ante la reciente promulgación del Decreto 467/2026, que modifica los Decretos 222/2003 y 588/2003, los cuales regulaban los procedimientos para la designación de los miembros de la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General. Según García, estas modificaciones suprimen importantes instancias de participación ciudadana que, durante más de veinte años, permitieron a universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil opinar sobre las candidaturas presentadas por el Poder Ejecutivo. Este cambio legislativo ha generado un amplio debate en distintos sectores de la sociedad que consideran que el mismo representa un retroceso en materia de transparencia y control ciudadano.
García enfatizó que el sistema establecido en 2003 había sido un avance significativo para garantizar la transparencia y la publicidad en los actos de gobierno, así como para permitir un control ciudadano más efectivo sobre los procesos de designación de las más altas autoridades del sistema judicial. “La participación de diversos sectores de la sociedad civil aportaba información y perspectivas valiosas que enriquecían la evaluación pública de las candidaturas”, afirmó García, quien sostiene que esta interacción es fundamental para fortalecer la calidad institucional del país.
La eliminación de estos mecanismos de participación, según la presidenta del Colegio Público, constituye un claro retroceso en relación con los estándares institucionales que Argentina había logrado incorporar en el proceso de designación de sus máximas autoridades judiciales. García subrayó que el Senado mantiene sus atribuciones constitucionales para otorgar el acuerdo, lo que hace aún más necesaria la instancia previa de participación ciudadana. “La posibilidad de que la sociedad civil pudiera expresar sus apoyos u objeciones de manera fundamentada antes de la remisión de los pliegos al Senado contribuye no solo a enriquecer la decisión presidencial, sino también a fortalecer la legitimidad de las designaciones y a mejorar la transparencia del proceso”, argumentó.
La presidenta también hizo hincapié en otra preocupación relacionada con la derogación de las disposiciones que promovían una integración de la Corte Suprema que reflejara la diversidad de género, de procedencia y de trayectoria profesional. “Estos criterios, lejos de limitar las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo, orientaban el ejercicio de una facultad institucional de suma importancia y contribuían a una composición más representativa del máximo tribunal”, concluyó García. Esta afirmación resalta la necesidad de contar con un sistema judicial que refleje la pluralidad de la sociedad argentina, en un momento en que las instituciones enfrentan desafíos significativos.
La controversia en torno a este decreto pone de manifiesto la importancia de mantener mecanismos que garanticen la participación ciudadana en procesos clave para la democracia y la justicia en Argentina. La crítica de García ha resonado en diversas esferas, y se espera que el debate continúe en los próximos días, involucrando a diferentes actores de la sociedad civil y del ámbito político. La preocupación por el futuro de la justicia en el país es un tema que trasciende las fronteras del ámbito jurídico y se adentra en el corazón mismo de las instituciones democráticas.
En un contexto donde la transparencia y la legitimidad son esenciales para el funcionamiento del sistema democrático, la discusión sobre las modificaciones en el proceso de selección de los miembros de la Corte Suprema cobra una relevancia especial. La postura del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal refleja una voz crítica que busca defender los intereses de una ciudadanía que merece tener un papel activo en la conformación de sus instituciones más importantes.
