El Ministerio de Sanidad abrió la consulta pública previa de un proyecto de real decreto que busca facilitar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) mediante el método farmacológico en los centros de Atención Primaria. La iniciativa propone modificar la normativa vigente sobre autorización y acreditación de centros sanitarios para adecuarla a esta modalidad de atención.
Según la propuesta, las unidades de Planificación Familiar incorporarían de manera expresa entre sus funciones la indicación, la prescripción y el seguimiento del aborto farmacológico, además de la atención ante posibles complicaciones. Estas tareas quedarían bajo la responsabilidad de especialistas en Obstetricia y Ginecología o en Medicina Familiar y Comunitaria.
El proyecto también contempla requisitos asistenciales y organizativos específicos para acreditar a los centros que realicen esta prestación. Sanidad sostiene que la regulación actual está orientada principalmente a procedimientos instrumentales o quirúrgicos, mientras que el aborto farmacológico durante las primeras semanas de gestación no requiere infraestructuras quirúrgicas complejas.
Para avanzar con la reforma, el Ministerio plantea modificar el Real Decreto 1277/2003, que regula la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, y el Real Decreto 831/2010, referido a la garantía de la calidad asistencial de la prestación de la IVE. La propuesta incluye, además, mecanismos organizativos en los centros de Atención Primaria para hacer posible la incorporación de esta prestación.
