El Gobierno español dispone de un año para decidir sobre el pedido de indulto presentado en favor de Francisco Garzón, el maquinista del tren Alvia condenado a dos años y medio de prisión por el descarrilamiento ocurrido en 2013 en el barrio de Angrois, en Santiago. El accidente provocó 80 muertes y dejó más de un centenar de heridos.
La jueza titular del Juzgado número 2 de Santiago, Elena Fernández Currás, remitió el expediente al Ministerio de Justicia. Ese organismo deberá analizar la documentación y elevar una propuesta al Consejo de Ministros, que tendrá a su cargo la resolución final del pedido.
Desde el Ministerio de Justicia indicaron que ya fueron solicitados los informes preceptivos y que actualmente deben ser examinados antes de definir la propuesta que será presentada ante el Ejecutivo. La magistrada informó favorablemente sobre la solicitud de indulto y consideró que en el caso de Garzón "concurren razones de justicia y de equidad".
En su evaluación, Fernández Currás señaló que la conducta delictiva se produjo por una "imprudencia profesional, grave pero concentrada en un brevísimo espacio de tiempo", durante el cual el maquinista "perdió la atención" mientras mantenía una conversación telefónica con el interventor. También destacó el "profundo pesar" expresado por el condenado por el dolor causado a las víctimas y sus familias, una actitud que, según la jueza, fue evidente desde el momento del accidente y durante la tramitación del proceso y la celebración del juicio.
La resolución judicial también había condenado al exdirector de Seguridad de la empresa pública Adif, aunque la Audiencia Provincial de A Coruña dejó posteriormente sin efecto esa condena.
