El Gobierno nacional ha decidido nuevamente postergar la implementación de un aumento total en los impuestos que gravan los combustibles, según se establece en el decreto 302/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial. En lugar de un incremento general, se han definido subas parciales que entrarán en vigencia a partir del 1 de mayo de 2026, con un ajuste previsto del 0,5% en los tributos aplicables.
Este nuevo marco normativo modifica el esquema existente de tributación y especifica que, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo, se realizarán ajustes en los impuestos que afectan tanto a las naftas como al gasoil. Para las naftas, se establece un incremento de $10,398 en el impuesto a los combustibles líquidos y un ajuste de $0,637 en el impuesto al dióxido de carbono. Por su parte, el gasoil verá un aumento de $9,269, que incluye un diferencial adicional de $5,019, así como un incremento de $1,056 en el tributo ambiental.
Además de estos ajustes parciales, el decreto también estipula que se posponen hasta el 1 de junio de 2026 los incrementos restantes de los impuestos, correspondientes a las actualizaciones de los años 2024 y 2025. Esta medida se inscribe en una estrategia más amplia del Ejecutivo, que ha estado aplicando diferimientos en los aumentos de impuestos como una forma de aliviar la presión sobre los precios de los combustibles y, por ende, sobre la economía en general.
La necesidad de actualizar estos tributos está estipulada en la Ley 23.966 y se basa en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un organismo que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esta relación entre los impuestos y el IPC es fundamental, ya que permite ajustar los tributos a la realidad económica del país, aunque actualmente el Gobierno ha decidido retrasar estas actualizaciones.
El decreto subraya que la responsabilidad de la actualización trimestral de los montos recae en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que ha reemplazado a la anterior AFIP. Este cambio en la administración de los tributos busca mejorar la recaudación y el control sobre los impuestos, aunque también plantea interrogantes sobre la capacidad de la nueva agencia para manejar estos ajustes de manera efectiva.
El Gobierno justifica esta decisión como parte de un esfuerzo por “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Al hacerlo, el Ejecutivo busca minimizar el impacto de los impuestos sobre los precios de los combustibles, que son un componente crucial para la inflación y el costo de vida de los ciudadanos. La medida es firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, y entra en vigencia en un contexto económico complicado, donde el manejo de los precios se torna cada vez más delicado.
