El Gobierno español prevé devolver a migrantes que hayan solicitado asilo en Ceuta cuando considere que representan un peligro para el orden público o la seguridad nacional. La medida figura en un proyecto de Real Decreto-ley sobre medidas extraordinarias para agilizar la tramitación de solicitudes y recursos vinculados con la protección internacional en esa ciudad autónoma.
El texto establece que esa circunstancia podría aplicarse a personas que hayan actuado de manera violenta o amenazante dentro de un centro o dispositivo de acogida. También contempla a quienes, fuera de esos espacios, promuevan o participen en altercados, tumultos o actos que puedan ser sancionados por vía administrativa o penal debido a su posible impacto en el orden público o la seguridad ciudadana.
El nuevo Real Decreto-ley todavía debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y está sujeto a modificaciones. Según el proyecto, se aplicaría a las solicitudes presentadas en Ceuta desde el 30 de julio de 2026 que permanezcan sin resolver cuando entre en vigor, independientemente del procedimiento correspondiente.
La iniciativa también elimina el examen previo de cada solicitud por parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. En ese organismo participan la Agencia de la ONU para los Refugiados y representantes de los ministerios españoles de Asuntos Exteriores, Interior, Justicia, Migraciones e Igualdad. El documento indica además que la competencia para elevar las propuestas de resolución quedaría regulada por el nuevo esquema previsto para Ceuta.
