El Gobierno argentino ha promulgado la Ley 27801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, tras su reciente aprobación en el Senado. Esta normativa reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que representa un cambio significativo en el enfoque del sistema de justicia juvenil y se erige como un triunfo del oficialismo en las sesiones extraordinarias.
El Ejecutivo oficializó la ley mediante la publicación del decreto 138/2026 en el Boletín Oficial, lo que marca el inicio de su aplicación. La decisión fue respaldada con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención en el Senado. Además de la modificación en la edad de imputabilidad, se implementa un nuevo sistema de penas que considera tanto la edad como las circunstancias del adolescente involucrado en delitos.
Uno de los aspectos más destacados de la ley es su enfoque en la resocialización y educación del joven infractor, priorizando su reintegración social y laboral. La normativa establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso y por el tiempo más corto posible, prohibiendo penas perpetuas o antecedentes penales permanentes. Además, se asegura que los menores sean alojados en instalaciones adecuadas y separadas de adultos, y se establece un proceso judicial ágil, especialmente para aquellos que se encuentren bajo prisión preventiva.
