El Ejecutivo nacional ha presentado ante el Congreso un ambicioso proyecto de ley denominado Súper RIGI, destinado a fomentar grandes inversiones en sectores considerados estratégicos y de alta tecnología. Este nuevo esquema tiene como objetivo replicar el éxito parcial del Régimen de Incentivo a la Generación de Inversiones (RIGI) original, que, a pesar de los anuncios que ascendieron a aproximadamente 81.000 millones de dólares, solo logró materializar poco más de 700 millones en inversiones efectivas. La iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados mediante el Mensaje N°181/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.
El proyecto de ley establece el “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, que contempla un conjunto de beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios destinados a proyectos que superen los 1.000 millones de dólares en inversión. Según se detalla en la documentación oficial, el propósito es atraer inversiones de gran magnitud en actividades que actualmente no se desarrollan en el país, o aquellas que se encuentran en fases experimentales o piloto. De esta manera, el Gobierno busca diversificar la matriz productiva nacional y promover el desarrollo de sectores emergentes.
Entre los sectores que se destacan en el proyecto se encuentran la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada, la infraestructura digital estratégica, el hidrógeno, el gas natural licuado (GNL), los reactores nucleares pequeños, las baterías de litio y otras manufacturas tecnológicas. Estos campos se consideran clave para el futuro del desarrollo económico y tecnológico del país, y el Gobierno pretende que Argentina se posicione como un destino atractivo para la inversión internacional en estas áreas.
El núcleo del proyecto se centra en una notable reducción de la carga impositiva y en la estabilidad regulatoria a largo plazo. Entre los beneficios que contempla la normativa, se incluye una reducción del impuesto a las ganancias al 15%, la amortización acelerada de las inversiones, y la posibilidad de que las empresas acumulen quebrantos impositivos sin límite temporal. Además, se propone una alícuota reducida sobre los dividendos, la devolución del IVA a través de certificados fiscales, y la exención de derechos de importación y exportación, entre otros incentivos.
Otro aspecto relevante del proyecto es la posibilidad de que las empresas accedan a una progresiva libre disponibilidad de las divisas generadas por exportaciones. En este sentido, se prevé que, tras el primer año, las empresas puedan disponer del 20% de las divisas, del 40% en el segundo año, y del 100% a partir del tercer año desde la primera exportación. Asimismo, se contempla una disminución de las contribuciones patronales al 10% para las nuevas relaciones laborales generadas por los proyectos que se adhieran a este régimen.
El Ejecutivo sostiene que Argentina ha quedado rezagada en comparación con otros países debido a “décadas de inestabilidad normativa, presión tributaria excesiva y restricciones cambiarias”. Por ello, el proyecto de ley busca reposicionar al país como un destino de inversión de primer nivel mundial, especialmente en industrias del futuro. Es importante señalar que la normativa excluye la posibilidad de que proyectos que sean simplemente ampliaciones o reconversiones de actividades ya existentes puedan beneficiarse de este régimen, asegurando así que las inversiones sean efectivamente nuevas y transformadoras para la economía nacional.
