En el mes de abril, el gobierno nacional habría incumplido su normativa fiscal autoimpuesta, la cual estipula que ante una disminución de los ingresos, se deben realizar ajustes equivalentes en los gastos. Este desvío se evidenció claramente en los datos del Sector Público Nacional (SPN), donde los ingresos se redujeron en un 2,1%, al tiempo que los gastos públicos registraron un aumento del 1,6%. A lo largo de los meses anteriores, el Gobierno había intentado mantener un superávit dentro de los parámetros establecidos por esta regla, pero los resultados más recientes indican una tendencia preocupante.

El economista Martín Polo, de Cohen Aliados Financieros, destacó esta situación en sus redes sociales, al señalar que "la 'reglita' fiscal se tomó una pausa en abril". Esto pone de manifiesto un problema de gestión fiscal que podría tener repercusiones en la estabilidad económica del país. La falta de control sobre el gasto en un contexto de caída de ingresos pone en riesgo el equilibrio que el Ejecutivo intentaba mantener hasta ahora.

La reciente modificación presupuestaria de aproximadamente $2,5 billones, que tuvo lugar la semana pasada, se enmarca en este contexto de creciente tensión fiscal. Este ajuste impactó de manera significativa en diversas áreas del gasto público, afectando a 211 programas gubernamentales y aumentando los fondos en solo 15. Entre los recortes, se incluyeron partidas destinadas a salud, lo cual genera una gran preocupación social y evidencia las prioridades del gobierno en términos de asignación de recursos.

Antes de implementar este recorte, el ministro de Economía, Luis Caputo, había solicitado a sus colegas del gabinete que presentaran un plan para reducir el gasto en un 2% en el ámbito primario y un 20% en el de capital. Sin embargo, se ha informado que Caputo llevó a cabo el ajuste sin considerar las propuestas que le fueron presentadas, lo que ha generado críticas desde varios sectores. Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, se encontró en una posición complicada, ya que perdió uno de sus principales instrumentos para negociar el apoyo de los gobernadores a las medidas del Gobierno: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) ha proporcionado datos que respaldan la tendencia observada en el gasto primario nacional, que experimentó una variación real interanual del 1,6%. Según sus informes, en abril, de los 16 componentes del gasto, 7 mostraron incrementos interanuales en términos reales, lo que indica un patrón de aumento en ciertas áreas a pesar de la caída general de ingresos.

Por otro lado, la consultora que dirige el economista Nadin Argañaraz ha señalado que los gastos que más crecieron fueron los relacionados con la energía (150,2%) y el gasto en capital (76%), mientras que los subsidios a otras funciones y las transferencias corrientes a provincias sufrieron caídas significativas, del 81,6% y 54,1%, respectivamente. Estos datos evidencian un desbalance en las prioridades del gasto, donde se observa un incremento en áreas como la energía, que podría ser cuestionado en términos de necesidad y sustentabilidad a largo plazo.

En cuanto al gasto salarial, que representa un 13,3% del total de gastos primarios, se registró una disminución real interanual del 3,2%. Este descenso se puede atribuir a la reducción del salario real y a la disminución de la planta de personal. En contraste, el gasto en jubilaciones y pensiones contributivas, que constituye el 39% del gasto primario total, tuvo un aumento real del 3,6% interanual, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este tipo de erogaciones en un contexto de restricciones fiscales.