El Gobierno nacional busca retribuir el apoyo recibido por parte de las provincias que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre en la reciente reforma laboral. Provincias como Catamarca, Jujuy, Mendoza, Salta y San Juan respaldaron al oficialismo, lo cual ha sido interpretado por la oposición como un factor determinante para la propuesta de modificaciones a la Ley de Glaciares. Aunque el texto definitivo del proyecto aún no ha sido difundido, el oficialismo se muestra optimista en conseguir la media sanción en el Senado, con inversiones potenciales que ascienden a 30.000 millones de dólares en juego.

A partir de las 11 horas del jueves, la Cámara alta se dispondrá a discutir cambios en la normativa que regula la conservación de glaciares y el medio ambiente periglacial (Ley 26.639). Las modificaciones contemplan la diferenciación entre "áreas periglaciares" y "geoformas periglaciales", y establecen que su inclusión en el Inventario Nacional de Glaciares (ING) dependerá de ser reconocidas como "reservas estratégicas" por las autoridades ambientales locales. En aquellas áreas donde se permita la explotación, se prohibirán actividades que puedan alterar significativamente su estado natural.

Expertos han expresado su preocupación respecto a la ambigüedad en la terminología utilizada en el proyecto, señalando interrogantes sobre qué condiciones permiten alcanzar el estatus de "reserva estratégica" y qué constituye una alteración "relevante". Además, se cuestiona cómo la explotación minera en una provincia podría afectar el acceso al agua en otra. A esto se suma un panorama complejo en el sector minero, donde entre 2020 y 2023 la extracción creció un 31,3%, aunque la generación de empleo en el rubro se contrajo un 5,3% en los últimos años, según datos oficiales.

La votación en el Senado traerá consigo cambios en los procedimientos de aprobación del texto, similar a lo que ocurrió con la reforma laboral. Una senadora vinculada al proyecto ha indicado que con la nueva redacción, los criterios para excluir glaciares del ING se tornan más rigurosos, requiriendo pruebas de que no cumplen funciones que justifiquen su protección. A su vez, se están considerando alternativas para abordar las competencias provinciales en situaciones que puedan afectar a otras jurisdicciones, lo que se espera que se refleje en la versión final del proyecto a anunciarse en la misma sesión.