El Gobierno nacional ha tomado la decisión de implementar un control sobre los incrementos en las tarifas del servicio de agua y cloacas proporcionado por AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta medida, que comenzará a regir a partir del próximo mes y se extenderá hasta agosto de 2026, busca equilibrar la situación financiera de la empresa sin trasladar a los usuarios aumentos excesivos.

La reglamentación que establece este límite se formalizó a través de la Resolución 14/2026, la cual determina que los incrementos no podrán superar el 4% mensual entre enero y abril de 2026. Posteriormente, a partir de mayo y hasta agosto, el porcentaje máximo de aumento se reducirá al 3%, siempre que los índices de actualización sean inferiores a esos valores. Esta acción responde a un análisis exhaustivo realizado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), que revisó la Resolución 53/25, luego de recibir una serie de informes económicos y financieros que presentó AySA.

La intención detrás de esta regulación es garantizar que los ajustes tarifarios no generen un impacto negativo en la economía de los usuarios, en un contexto donde la inflación y el costo de vida siguen afectando a la población. El esquema tarifario se basa en una fórmula que ha sido aprobada por la Secretaría de Obras Públicas, introduciendo límites específicos a los aumentos mensuales durante todo el 2026. Esto es un intento del Gobierno de mantener un equilibrio entre las necesidades de la empresa concesionaria y la capacidad de pago de los ciudadanos.

Para asegurar la transparencia y el seguimiento de esta situación, AySA estará obligada a presentar informes trimestrales que detallarán su evolución en ingresos, gastos e inversiones. Esta obligación forma parte de un plan de transición más amplio que se implementa para mejorar el servicio y la viabilidad financiera de la empresa. La supervisión regular por parte del ERAS busca prevenir que se repitan situaciones de desajuste que afecten la calidad del servicio o la economía de los usuarios.

Es relevante mencionar que esta medida se enmarca dentro de una revisión tarifaria que inició en 2024, cuando AySA formuló una propuesta de adecuación de tarifas ante el Gobierno. Aunque esta convocatoria no era obligatoria, se promovió una instancia de participación ciudadana para evaluar el impacto de los posibles incrementos en las tarifas. La empresa reconoció que existía un atraso en la adecuación de tarifas y la necesidad de recuperar ingresos, pero también aceptó no facturar ciertos montos durante 2025 y asumir los costos de la gradualidad en 2026.

Sin embargo, en los últimos informes presentados, AySA ha señalado que la inflación ha superado las expectativas iniciales entre fines de 2025 y principios de 2026. Esto ha dificultado la recomposición tarifaria y ha ampliado el déficit previsto. Ante esta realidad, la empresa ha solicitado que se mantenga el esquema de convergencia, aunque el regulador ha decidido disminuir el ritmo de los aumentos para mayo, buscando proteger a los usuarios de un impacto financiero aún mayor.