En un esfuerzo por dinamizar el mercado laboral y promover la formalización de empleos, el Gobierno argentino ha reglamentado el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Esta normativa, que forma parte de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5844/2026. Esta medida busca ofrecer un marco claro y accesible para que los empleadores puedan beneficiarse de una significativa reducción en las contribuciones patronales al sistema de seguridad social, un paso que podría transformar la estructura del empleo en el país.
El RIFL está diseñado específicamente para los empleadores del sector privado que decidan incorporar a nuevos trabajadores a sus plantillas. De acuerdo con la normativa, las empresas podrán acceder a una reducción de hasta 48 meses en las cargas relacionadas con aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como al Fondo Nacional de Empleo y otras asignaciones familiares. Este incentivo no sólo busca aliviar la carga fiscal de los empleadores, sino también fomentar la creación de empleo registrado en un contexto económico en el que el desempleo y la informalidad laboral son preocupaciones persistentes.
Uno de los aspectos destacados del régimen es que el beneficio se aplicará a trabajadores que no hayan tenido empleo registrado hasta el 10 de diciembre de 2025, así como a aquellos que se encuentren desempleados en los seis meses anteriores a su contratación. Esta medida está orientada a facilitar la reinserción laboral de aquellos que han quedado fuera del mercado de trabajo, un fenómeno que ha afectado a muchas familias argentinas en los últimos años. La posibilidad de acceder a este régimen estará disponible para nuevas relaciones laborales que se registren entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, lo que brinda un horizonte claro para los empleadores interesados en aprovechar estos beneficios.
Para poder beneficiarse del RIFL, los empleadores deberán cumplir con ciertos requisitos, uno de los cuales incluye registrar a los nuevos trabajadores mediante el sistema de "Simplificación Registral". Este procedimiento exige el uso de un código específico relacionado con la modalidad de contratación y la identificación de los empleados beneficiarios en la declaración jurada de cargas sociales, utilizando el Formulario 931. Este enfoque sistemático busca asegurar la transparencia y el correcto uso de los beneficios otorgados.
No obstante, el régimen también establece restricciones importantes que los empleadores deben tener en cuenta. Aquellos que aparezcan en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), así como aquellos que realicen prácticas abusivas, como la sustitución de personal para obtener ventajas indebidas, quedarán excluidos de los beneficios. Esta cláusula es fundamental para evitar que el régimen sea utilizado de manera inapropiada y garantizar que los incentivos realmente contribuyan a la creación de empleo genuino.
Finalmente, es importante resaltar que el incumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa provocará la pérdida del beneficio, lo que llevará a los empleadores a presentar declaraciones juradas rectificativas y abonar las diferencias, incluyendo intereses y multas correspondientes. La Resolución General 5844/2026 entra en vigencia desde su publicación y se aplicará a las declaraciones juradas que correspondan a partir de mayo de 2026. Este marco normativo representa una oportunidad valiosa para revitalizar el mercado laboral argentino, pero su éxito dependerá de la correcta implementación y el compromiso de los empleadores con las normativas establecidas.
