El Consejo de Ministros aprobó este martes el Proyecto de Ley de Integridad Pública, una iniciativa que prevé reforzar las condenas a las empresas involucradas en hechos de corrupción y aumentar los controles sobre los partidos políticos. La propuesta será enviada ahora al Congreso de los Diputados para iniciar su trámite parlamentario.
El presidente Pedro Sánchez anunció la aprobación durante su balance del curso político. En ese marco, sostuvo que el Gobierno puso en marcha, mediante tres proyectos de ley, “la práctica totalidad” de las medidas anunciadas un año atrás dentro del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.
Entre las disposiciones incluidas en el proyecto, Sánchez destacó la creación de una nueva agencia independiente de integridad pública, que contará con “mayores funciones”. Según explicó, la elaboración de la norma incorporó aportes de organismos estatales y autonómicos, además de contribuciones de representantes de la sociedad civil.
El jefe del Ejecutivo español pidió a los grupos parlamentarios que estén “a la altura que exige el momento” y que actúen con “voluntad de diálogo” para avanzar en la aprobación de la iniciativa. El proyecto contempla cambios vinculados con la responsabilidad de las empresas ante casos de corrupción y con la supervisión de las organizaciones partidarias.
