La reforma electoral se ha convertido en una de las principales prioridades del Gobierno Nacional, una iniciativa que ha sido discutida durante meses y que busca ser implementada antes de las elecciones presidenciales de 2027. En este contexto, el presidente Javier Milei está decidido a avanzar en este proceso este año, cuando no hay comicios programados. Sin embargo, la propuesta se encuentra rodeada de complejidades, dado que involucra cambios significativos en el sistema democrático de la Argentina que podrían no contar con el respaldo necesario de sus aliados.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Este cambio es considerado fundamental por el Gobierno, ya que busca hacer más eficiente el proceso electoral, pero también es uno de los aspectos que genera mayor resistencia entre los partidos aliados. La eliminación de este mecanismo de participación ciudadana ha suscitado preocupaciones sobre la posibilidad de que se reduzca la representatividad y la pluralidad en las elecciones, lo que complica aún más la tarea del oficialismo para conseguir los votos necesarios.
Un informante cercano al proceso legislativo expresó que, a pesar de las dificultades, el oficialismo está convencido de que logrará sumar los apoyos necesarios para avanzar con la reforma. Sin embargo, se reconoce que el envío del proyecto al Congreso se realizó sin un análisis exhaustivo de los posibles apoyos, lo que indica que el Gobierno aún tiene mucho trabajo por delante para consolidar una mayoría legislativa. La falta de un “poroteo” previo ha llevado a que en Balcarce 50 se inicien las primeras negociaciones para conseguir la aprobación del proyecto.
Tras el anuncio del presidente Milei en las redes sociales, donde se mencionan otros cambios propuestos en la reforma, como modificaciones en el financiamiento de los partidos y la suspensión de la elección directa de parlamentarios del Mercosur, varias fuerzas aliadas han expresado su descontento. Entre ellas, el PRO, uno de los socios más importantes en el ámbito legislativo, ha dejado claro que no apoyará la reforma sin un debate profundo, argumentando que las PASO son un mecanismo esencial para garantizar la participación ciudadana en el proceso electoral.
La Unión Cívica Radical también se ha mostrado escéptica respecto a la eliminación de las PASO, ya que este sistema les ha permitido resolver tensiones internas y discutir abiertamente sus diferencias. En este sentido, los radicales requieren de esta herramienta para fortalecer su propia estructura partidaria. La resistencia de estos sectores es un indicativo de las dificultades que enfrentará el oficialismo para conseguir un consenso amplio que permita avanzar en la reforma.
A pesar de las diferencias, desde la Casa Rosada se mantienen optimistas y creen que podrán negociar con los gobernadores y los aliados para alcanzar un acuerdo. Un funcionario del Gobierno indicó que el proceso de negociación será similar al de la reforma laboral, lo que sugiere que será un camino largo y lleno de debates. Sin embargo, algunos aliados, como el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se han manifestado en contra de la eliminación de las PASO, aunque otras voces dentro del oficialismo son más optimistas y creen que se podría llegar a un acuerdo que contemple competencias provinciales.
El futuro de la reforma electoral es incierto y dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para generar consensos en un clima político tenso. A medida que avanza este proceso, se espera que surjan más discusiones y negociaciones que definan el rumbo de la política argentina. La reforma, que prometía ser un cambio significativo en el sistema electoral, enfrenta ahora el desafío de ser aceptada por un espectro político diverso y en ocasiones fracturado.
