En el contexto de la investigación judicial que gira en torno al caso $LIBRA, el Gobierno argentino ha emitido una respuesta formal a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, que dirige el fiscal Eduardo Taiano. En este documento, se niega rotundamente la existencia de un contrato entre el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis, relacionado con la creación de soluciones tecnológicas basadas en criptomonedas. Esta declaración se produce tras un requerimiento realizado a la administración el pasado 24 de febrero, donde se solicitaba información sobre un supuesto acuerdo confidencial firmado antes del lanzamiento del token $LIBRA, que tuvo lugar el 14 de febrero de 2025.
La respuesta del Gobierno, enviada por la Secretaría General de la Presidencia, fue clara y contundente. Según el Subsecretario Legal de la dependencia, Juan Manuel Galli, “no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación vinculada con la existencia del acuerdo referido en el requerimiento judicial”. Este pronunciamiento se basa en una exhaustiva revisión de los archivos y registros oficiales, donde no se encontró evidencia alguna que confirmara el vínculo contractual entre Milei y Davis, tal como lo solicitaba la Justicia.
El oficio judicial había requerido específicamente que, en caso de que existiera algún tipo de acuerdo, se remitiera la documentación correspondiente. Sin embargo, la respuesta oficial sostiene que las consultas realizadas en el ámbito de competencia de la Secretaría no revelaron ningún tipo de registro o constancia que pudiera respaldar la hipótesis planteada por la Fiscalía. Este desarrollo es crucial, dado que la causa busca esclarecer si existieron acuerdos previos al lanzamiento del token y la implicación de funcionarios o terceros en el proceso de su desarrollo.
A pesar de la negativa del Gobierno, la investigación continúa avanzando. Recientes informes de la DATIP, que analizó el teléfono de Mauricio Novelli, un empresario cercano a Milei, han revelado la existencia de un borrador de lo que parece ser un acuerdo para asesoramiento en criptomonedas y otros temas. Este hallazgo plantea interrogantes adicionales sobre la naturaleza de las relaciones entre los actores involucrados y el entorno gubernamental, lo que podría complicar aún más el panorama legal.
La causa se encuentra actualmente en una fase de recolección de pruebas, con un enfoque particular en reconstruir los antecedentes del proyecto $LIBRA y los posibles lazos entre el ámbito privado y las autoridades gubernamentales. La información obtenida del teléfono de Novelli, que había sido inicialmente borrada, se presenta como la prueba clave para la Fiscalía, ya que podría proporcionar detalles importantes sobre las interacciones y acuerdos que se dieron en torno al lanzamiento del token.
En un clima de creciente escrutinio público y mediático, el caso $LIBRA se posiciona como un punto álgido en la agenda política del Gobierno. Las declaraciones oficiales y los hallazgos de la investigación podrían tener repercusiones significativas no solo para Javier Milei, sino también para la credibilidad de su administración y su enfoque hacia el sector de las criptomonedas. A medida que avanza la investigación, la atención se centra en cómo el Ejecutivo manejará este escándalo y las consecuencias que podrían derivar de las pruebas que se vayan recolectando a lo largo del proceso judicial.
