Los violentos episodios ocurridos en la Municipalidad de La Plata el pasado viernes han dejado un saldo de 22 detenidos, según la denuncia penal presentada por el gobierno local. Militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) protagonizaron una serie de incidentes que incluyeron incendios, lanzamiento de piedras y daños en las instalaciones del Palacio Municipal. Estos hechos se produjeron en el contexto de una protesta contra un nuevo sistema de licitación pública destinado a la contratación de servicios de mantenimiento urbano, lo que ha generado tensiones significativas entre las autoridades y los manifestantes.
El enfrentamiento se desató alrededor de las 13 horas, cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar al edificio municipal. En ese momento, en el interior se desarrollaba una actividad vinculada al Día Internacional de la Prevención de las Adicciones, que contaba con la participación de más de 300 personas, incluyendo vecinos, representantes de diversas instituciones y cultos religiosos. El contraste entre el evento pacífico y la protesta violenta resalta la polarización que existe en la ciudad respecto a la gestión de los servicios públicos.
Desde la Municipalidad, se informó que los destrozos fueron significativos, afectando principalmente las puertas de acceso, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante. En medio de la confusión, algunos asistentes se vieron obligados a permanecer en el interior del edificio para resguardarse de los proyectiles. Un vecino resultó herido como consecuencia de la rotura de un vitral, mientras que seis efectivos de la Policía Bonaerense también sufrieron lesiones durante los sucesos.
La denuncia ante la fiscalía de turno ha llevado a que el municipio se constituya como particular damnificado, solicitando que se investiguen delitos como el daño agravado, lesiones y atentado a la autoridad. Este paso es parte de un esfuerzo por hacer responsables a los organizadores de la protesta y por recuperar el orden en el contexto de un creciente malestar social.
El trasfondo de los disturbios se relaciona con el cambio en el esquema de contrataciones para servicios como el barrido y la limpieza, que hasta ahora se realizaban mediante contrataciones directas, un modelo que el Tribunal de Cuentas bonaerense ha considerado insostenible. Desde el Ejecutivo platense, se argumenta que el MTE busca mantener un contrato de $90 millones mensuales, iniciado en 2011, lo que representaría más de $1.000 millones al año, un gasto que el municipio no puede sostener bajo la nueva normativa.
El gobierno local ha defendido su decisión de avanzar hacia un sistema de licitaciones públicas, enfatizando que la continuidad de las contrataciones directas no solo es ilegal, sino que también podría acarrear sanciones para las autoridades municipales. La gestión ha manifestado que diversas cooperativas y empresas ya han mostrado interés en participar de este nuevo proceso de licitación, a excepción del MTE, que se ha negado a involucrarse y ha sido señalado como responsable de los recientes incidentes. Esta situación plantea un interrogante sobre cómo se resolverá el conflicto y la posible necesidad de un diálogo más constructivo entre las partes involucradas.
