El Gobierno argentino ha presentado un nuevo proyecto de ley en la Cámara de Diputados con el fin de modificar el régimen de subsidios al gas natural aplicable en la región conocida como Zona Fría. Esta iniciativa tiene como objetivo principal restringir el número de beneficiarios, enfocando la ayuda exclusivamente en aquellos hogares que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica. La medida se inscribe en un contexto de creciente presión fiscal y aumento de los precios internacionales de la energía, lo que ha llevado a un deterioro significativo del fondo destinado a las bonificaciones de tarifas de gas.
Este nuevo proyecto reconfigura el alcance geográfico del régimen de subsidios, volviendo a un modelo más limitado que inicialmente abarcaba solo a la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe en Mendoza. De esta manera, se excluyen a varias provincias que habían sido incorporadas en la ampliación del programa en 2021, tales como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. La intención del Gobierno es desmantelar parte de la expansión que se aprobó hace cinco años, cuando el número de usuarios beneficiados se disparó de aproximadamente 950.000 a casi 4 millones de hogares, una situación que, según el oficialismo, ha distorsionado la finalidad original del subsidio.
Los funcionarios argumentan que esta expansión ha ejercido una presión insostenible sobre el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que actualmente se encuentra enfrentando un déficit creciente. El nuevo esquema de subsidios no solo limita el alcance geográfico, sino que también introduce criterios socioeconómicos para acceder a la ayuda. De ser aprobado, el subsidio se reservaría únicamente para aquellos hogares que cumplan con los requisitos del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecido por el Decreto 943/2025. Este régimen contempla a usuarios cuyos ingresos no superan el equivalente a tres Canastas Básicas Totales, así como a beneficiarios de pensiones a veteranos y titulares de Certificados de Vivienda Familiar.
Como resultado, miles de usuarios que actualmente disfrutan de descuentos en sus tarifas de gas podrían verse afectados y perder este beneficio. Este debate sobre la reestructuración de subsidios ocurre en medio de un clima tenso en el mercado energético internacional, donde la escalada de precios del gas natural, exacerbada por la guerra en Medio Oriente, ha incrementado los costos de abastecimiento y ha complicado aún más el financiamiento del sistema energético argentino.
El Gobierno ha señalado que el fondo fiduciario que respalda el régimen de Zona Fría ya no tiene los recursos suficientes para cubrir todas las compensaciones necesarias, lo que ha llevado al Tesoro Nacional a destinar fondos adicionales. En este contexto, el presidente Javier Milei ha dado autorización al ministro de Economía, Luis Caputo, para aumentar hasta un 50% el recargo que financia el fondo, que actualmente puede representar hasta un 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Este porcentaje podría elevarse, de aprobarse la medida, hasta un 11,25%.
Desde la Secretaría de Energía se sostiene que el esquema vigente es “regresivo y deficitario”, argumentando que es necesario evitar que el Estado continúe cubriendo el déficit mediante subsidios directos. Si la reforma avanza, el impacto podría ser considerable, afectando las facturas de gas de millones de hogares argentinos y generando un debate amplio sobre la política energética y de subsidios en el país, en un momento donde el acceso a la energía se convierte en un tema de creciente preocupación para la población.
