El Gobierno nacional ha tomado la iniciativa de presentar un proyecto de ley que busca establecer un mecanismo para compensar las deudas cruzadas entre el Estado y las empresas distribuidoras de energía, Edenor y Edesur. Esta propuesta se inscribe dentro de un marco más amplio que también incluye beneficios destinados a fomentar el desarrollo del sector de energías renovables. La medida se plantea como una solución a las tensiones económicas que han surgido por las diferencias en los ingresos de las distribuidoras durante los años en que se aplicaron congelamientos tarifarios.
El contexto de esta propuesta es complejo, dado que el tema de las deudas entre el Estado y las distribuidoras ha generado un acalorado debate político, especialmente entre los aliados del oficialismo en el Congreso. Este nuevo proyecto retoma un aspecto que no fue incluido en el Presupuesto 2026, lo que había suscitado controversias y tensiones en el ámbito legislativo. La intención del Gobierno es establecer un balance entre los ingresos realmente percibidos por estas empresas durante el período de congelamiento de tarifas y lo que deberían haber recibido según los contratos de concesión vigentes.
Las distribuidoras Edenor y Edesur han argumentado que el congelamiento tarifario, junto con las emergencias en la tarifa, ha conducido a pérdidas significativas que superan los dos mil millones de dólares en el caso de Edenor y aproximadamente mil doscientos millones en Edesur. Sin embargo, es importante destacar que ambas empresas también enfrentan deudas sustanciales con la Cammesa, la entidad que regula el mercado eléctrico mayorista, por la compra de energía no pagada durante la crisis tarifaria. Estas deudas alcanzan casi seiscientos millones de dólares para Edenor y quinientos millones para Edesur, aunque actualmente están regularizadas a través de planes de pago a largo plazo.
El Gobierno busca un acuerdo que contemple la compensación de ambas deudas, lo que implicaría que las compañías renuncien a cualquier reclamo judicial o administrativo relacionado con las emergencias tarifarias y los incumplimientos regulatorios que se han acumulado a lo largo de los años. Esta estrategia podría resultar en un reconocimiento formal de un pasivo contingente por parte del Estado, que hasta ahora no ha sido contabilizado en las cuentas públicas, pero que podría evitar futuros desembolsos derivados de litigios costosos.
Además de la compensación de deudas, el proyecto también incluye medidas significativas para el sector de energías renovables. Una de las propuestas más relevantes es la extensión de los beneficios fiscales establecidos en la Ley 27.191 por un periodo adicional de veinte años. Esto significa que las fuentes de energía renovable no estarán sujetas a nuevos impuestos, cánones o regalías a nivel nacional, provincial o municipal hasta el 31 de diciembre de 2045, lo que busca proporcionar un marco de certidumbre fiscal para un sector que ha estado reclamando estabilidad regulatoria.
La iniciativa también tiene como objetivo prevenir la creación de nuevos gravámenes a la generación de energías renovables por parte de provincias o municipios, algo que en el pasado había generado polémica, incluso con la propuesta de un “impuesto al viento” sobre proyectos eólicos. Así, el Gobierno intenta no solo resolver las tensiones económicas existentes, sino también fomentar el crecimiento de un sector que se considera clave para el futuro energético del país. La propuesta incluye, además, a otras empresas transportistas eléctricas bajo jurisdicción federal, ampliando el alcance de la medida más allá de Edenor y Edesur, lo que podría tener un impacto significativo en el panorama energético nacional.
