En un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad fiscal, el Gobierno de Javier Milei ha tomado medidas drásticas para mantener la estabilidad económica. En marzo, la administración acumuló una deuda exigible de $4,04 billones, lo que representa un aumento significativo respecto a los $1,94 billones de febrero. Este incremento de casi $2 billones en pagos demorados ha suscitado protestas entre proveedores que esperan cobrar por servicios y bienes entregados, revelando las tensiones que enfrenta el Ejecutivo en su intento de cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La situación refleja la fragilidad del superávit fiscal, uno de los pilares fundamentales de la gestión de Milei. A pesar de que el Gobierno sostiene que ha logrado alcanzar un saldo primario favorable de $4,5 billones entre enero y marzo, la realidad es que esta cifra se ha conseguido a través de la postergación de pagos, lo que plantea dudas sobre la verdadera salud de las finanzas públicas. La deuda flotante, que representa las obligaciones impagas, ha crecido un 14% en términos reales desde marzo del año pasado, lo que indica que las dificultades para gestionar los recursos se están intensificando.
El incremento en la deuda flotante coincide con la revisión periódica del acuerdo con el FMI, que se centra en la relación entre ingresos y gastos del Estado. Mientras que el Gobierno reporta un saldo positivo, este se ha logrado a expensas de demorar los pagos a proveedores. Tal como lo señaló un operador del mercado de capitales, aunque se cumple la regla del superávit, el proceso se asemeja a un intento improvisado que no es sostenible a largo plazo. Esto se debe, en gran parte, a la caída en la recaudación tributaria, afectada por el descenso del consumo y la contracción de sectores clave como la industria.
A pesar de que la actual cosecha y el crecimiento de las exportaciones primarias han generado ingresos significativos, estos no son suficientes para contrarrestar la caída de recursos. Durante el primer trimestre, el Gobierno recaudó más de $2 billones, apoyándose en la privatización de la represa del Comahue y en los ingresos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Sin embargo, la falta de un plan fiscal más robusto y la resistencia a implementar impuestos más progresivos limitan las opciones del Gobierno para estabilizar la economía en el largo plazo.
El economista Pablo Gerchunoff ha destacado que aunque es crucial mantener el equilibrio fiscal, la falta de medidas progresivas para aumentar la recaudación está llevando al Gobierno a un callejón sin salida. Sin la capacidad de realizar inversiones necesarias, como la construcción de infraestructura, la administración se enfrenta a un dilema que podría comprometer aún más la situación económica del país. En este sentido, Gerchunoff sostiene que la actual estrategia no es un verdadero equilibrio fiscal, sino más bien un gasto reprimido que no se puede sostener indefinidamente.
Es importante mencionar que el recurso de pisar pagos no es exclusivo de esta administración. Durante el mandato de Alberto Fernández, también se aplicaron prácticas similares, donde la deuda exigible aumentaba a medida que se acercaban los cierres fiscales, solo para revertirse a principios de año. Este ciclo de acumulación de deuda refleja una falta de soluciones estructurales a los problemas financieros que enfrenta el país, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad de las políticas económicas actuales y su capacidad para generar un desarrollo sostenible en el futuro.
