La reciente decisión del Gobierno de Javier Milei de sustituir ciertos planes sociales por vouchers destinados a la capacitación laboral ha reavivado un viejo dilema en la política social argentina: ¿realmente se están creando las condiciones necesarias para que los beneficiarios dejen de depender de estas ayudas? Desde abril, aproximadamente 900 mil personas que actualmente reciben asistencia social recibirán su última cuota de $78.000. A partir de mayo, tendrán la oportunidad de acceder a programas de formación laboral mediante estos vouchers, generando expectativas sobre la efectividad de esta nueva estrategia.
La premisa detrás de esta medida se alinea con un concepto expuesto hace décadas por el expresidente estadounidense Ronald Reagan, quien afirmaba que el objetivo de cualquier política social debería ser, en la medida de lo posible, eliminar la necesidad de dicha política. Esta reflexión trasciende la mera cuestión fiscal, ya que se vincula directamente con la calidad de vida de millones de argentinos. Si bien la asistencia puede ser crucial ante situaciones de emergencia, la verdadera cuestión radica en evitar que se convierta en un sistema de dependencia prolongada que limite el desarrollo personal y profesional de sus beneficiarios.
Uno de los principales retos que enfrenta el Gobierno es la falta de capital humano entre quienes dependen de los planes sociales. Es fundamental que el debate no se centre únicamente en el tipo de medidas administrativas implementadas, sino en si estas políticas realmente contribuirán a la formación de habilidades y capacidades que faciliten la reinserción laboral. La implementación de un enfoque que combine asistencia y capacitación podría, en teoría, transformar la naturaleza de esta ayuda, convirtiéndola en un vehículo para la formación de un capital humano más sólido y preparado.
Este enfoque no es novedoso. Durante años, he defendido en distintos espacios la importancia de que los planes sociales vayan acompañados de medidas educativas y de capacitación. En un artículo escrito en 2013, resalté que sin educación y formación, los planes sociales podían perpetuar un ciclo de pobreza en lugar de romperlo. Hoy, más de diez años después, la problemática persiste, aunque el Gobierno parece dispuesto a experimentar con un nuevo modelo que interrelacione la asistencia con la capacitación laboral.
Además, la falta de oportunidades de formación no solo afecta a los adultos beneficiarios de estos planes, sino que también tiene repercusiones en la próxima generación. El capital educativo de los padres influye directamente en el rendimiento académico de sus hijos. Por ejemplo, un estudio de Argentinos por la Educación, basado en los resultados de Aprender 2016, mostró que los niños de primaria cuyos padres habían culminado la secundaria lograban mejores resultados en Lengua y Matemática en comparación con aquellos cuyos padres no alcanzaron ese nivel educativo. Por lo tanto, una política enfocada en la formación de capital humano no solo mejorará la empleabilidad de los beneficiarios directos, sino que también contribuirá a romper el ciclo de pobreza que afecta a futuras generaciones.
La propuesta de vincular asistencia con capacitación laboral se basa en principios éticos e intelectuales bien fundamentados. A lo largo de la historia, pensadores como Maimónides han defendido la importancia de la educación y el conocimiento como herramientas esenciales para el desarrollo humano. En este contexto, el desafío para el Gobierno radica en implementar estas políticas de manera efectiva, garantizando que los beneficiarios no solo reciban ayuda económica, sino que también adquieran las habilidades necesarias para prosperar en un entorno laboral cada vez más competitivo.
