El decreto ley de vivienda que el Gobierno negocia con los grupos parlamentarios contempla la prohibición de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad hasta 2028. El texto también prevé endurecer las condiciones del alquiler temporal y establecer bonificaciones fiscales para propietarios e inquilinos, de acuerdo con el borrador de la norma.
La iniciativa fue impulsada después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que llevaba siete décadas viviendo en un piso del barrio madrileño de Retiro. El Ejecutivo busca evitar que vuelvan a producirse situaciones similares y, para eso, comenzó a negociar el contenido del nuevo decreto ley con las distintas fuerzas políticas.
Entre las conversaciones, el Gobierno puso sobre la mesa incentivos fiscales para los propietarios con el objetivo de obtener el respaldo de Junts. A su vez, también necesita asegurar el apoyo de Podemos, que reclama eliminar la reforma de la Ley del Suelo incluida en una versión anterior de la iniciativa, que finalmente no llegó a ser aprobada por el Consejo de Ministros. Según el borrador, el Ejecutivo aceptó ambas condiciones: incorpora distintas bonificaciones fiscales y retira toda referencia a esa reforma.
