El tema de la baja en la edad de imputabilidad ha vuelto a ocupar un lugar preponderante en la agenda pública, impulsado por un proyecto del Gobierno nacional liderado por el Presidente y la ministra de Seguridad. Esta discusión ha generado un intenso intercambio de opiniones, que rápidamente se ha polarizado en torno a dos posturas extremas: por un lado, la “mano dura” y, por el otro, el garantismo.

Ante la complejidad del fenómeno del delito juvenil, el Gobierno ha decidido centrar su atención en una cuestión más profunda y crítica: ¿qué medidas toma el Estado frente al delito juvenil y, sobre todo, qué acciones implementa para prevenir que ocurran? Este enfoque invita a reflexionar sobre el propósito del castigo. Las teorías sobre la pena ofrecen varias respuestas: la retribución por el daño causado, la disuasión de futuros delitos y la rehabilitación de los infractores.

En el contexto de los menores, es fundamental repensar estas dimensiones, ya que el abordaje del delito juvenil no puede seguir las mismas pautas que para los adultos. Si bien el sistema penal tiene como objetivo la convivencia pacífica y la prevención del delito, en el caso de los adolescentes debe priorizar la rehabilitación y la reinserción social. La imputabilidad, lejos de ser solo un mecanismo punitivo, debe ser entendida como una herramienta que permite a la sociedad establecer límites claros sobre actos que generan daño. Ignorar esto podría dejar a los jóvenes sin el apoyo institucional necesario, enviándoles un mensaje de indiferencia que puede perpetuar conductas de riesgo.