El próximo jueves, el Pleno del Congreso se reunirá para debatir y votar un decreto ley que establece las entregas a cuenta para las comunidades autónomas (CCAA) en el año 2026, que ascienden a 157.731 millones de euros. Esta cifra representa un importante incremento en comparación con los años anteriores, y su aprobación o derogación será determinante para la financiación de los gobiernos regionales. El texto ya está vigente desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero su paso por el Congreso es un requisito obligatorio dentro de un plazo de treinta días tras su aprobación en el Consejo de Ministros.
El sistema de entregas a cuenta es fundamental para las CCAA, ya que les permite acceder anticipadamente a una parte de los fondos que les corresponden del sistema de financiación autonómica. Estos recursos provienen de impuestos como el IRPF y el IVA, y son cruciales para el funcionamiento de los servicios públicos en las regiones. Sin embargo, hay excepciones, como los casos del País Vasco y Navarra, que poseen regímenes forales que les otorgan un manejo diferente de sus finanzas.
El Gobierno ha tomado la decisión de no apresurar los plazos y llevar esta materia al Congreso en la fecha estipulada, lo que permite un debate más profundo sobre su contenido. En la exposición de motivos del decreto, se argumenta que los presupuestos anuales son esenciales para dotar a las autonomías y entidades locales de los recursos necesarios para su funcionamiento. Sin embargo, la prórroga de los presupuestos desde 2023 ha generado la necesidad de actualizar las entregas a cuenta para evitar resultados financieros negativos.
Un aspecto a destacar es que, además de las entregas a cuenta, el decreto también contempla que las entidades locales que presenten un superávit presupuestario en 2025 podrán utilizar esos fondos en inversiones financieramente sostenibles. Esto podría abrir la puerta a la realización de proyectos que beneficien directamente a las comunidades, tales como mejoras en infraestructura, protección civil y servicios públicos, contribuyendo así al desarrollo local.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, explicó que a la cifra de las entregas a cuenta se le sumará la previsión de liquidación correspondiente a 2024, lo que elevaría la financiación total para las CCAA en 2026 hasta los 170.300 millones de euros. Esto representa un incremento del 7,7% respecto al ejercicio anterior, lo que podría traducirse en una mejora significativa en la calidad de los servicios ofrecidos en las distintas regiones del país.
Por otro lado, el decreto también tiene implicaciones para los ayuntamientos, que recibirán 29.247 millones de euros, un 8,8% más que en el año previo. Los municipios podrán destinar parte de su superávit a inversiones sin que esto afecte a las reglas de gasto, lo que les proporcionará más flexibilidad financiera. Este aspecto es fundamental para que las entidades locales puedan abordar necesidades urgentes y llevar adelante proyectos de infraestructura que contribuyan al bienestar de sus comunidades, afectando a más de 2.540 entidades locales con un volumen de recursos superior a los 3.000 millones de euros.
