La Mesa del Congreso recibió el suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo contra el diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné y lo envió a la Comisión del Estatuto del Diputado. El trámite comenzará a partir del 1 de septiembre, con la apertura del nuevo período de sesiones, ya que julio y agosto son meses inhábiles en la Cámara.
El Supremo solicitó el suplicatorio para poder continuar investigando a Alonso por un presunto delito de prevaricación administrativa. Los hechos están vinculados con la adjudicación de contratos públicos durante su etapa como alcalde de Altafulla, en Tarragona, según consta en la solicitud elevada al Congreso el pasado 14 de julio.
El diputado ya había declarado voluntariamente ante el Supremo el 15 de junio. En esa instancia defendió «la legitimidad de las contrataciones» y negó haber cometido irregularidades.
En el expediente, el magistrado sostiene que «existen indicios de que durante el periodo» en el que Alonso ejerció como alcalde y «con su participación» se realizaron adjudicaciones públicas mediante contratos menores. También señala que «se recurrió a la figura del contrato menor para realizar contratos sin sujetarse a la legislación específica en la materia de contratación pública».
La Mesa del Congreso, presidida por la socialista Francina Armengol, dio curso al pedido durante esta semana y lo derivó a la comisión correspondiente. Ese órgano deberá abordar el caso cuando se reanude la actividad parlamentaria en septiembre, dentro del procedimiento previsto para analizar la solicitud del tribunal y la eventual suspensión de la inmunidad del diputado.
