La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, ha manifestado su inquietud ante la reciente publicación del Decreto 467/2026, que modifica los procedimientos establecidos en los decretos 222/2003 y 588/2003. Estos últimos regulaban la forma en que se seleccionan a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como a los titulares de la Procuración General y de la Defensoría General. Según García, las nuevas disposiciones eliminan instancias cruciales de participación ciudadana que han existido por más de veinte años, permitiendo a universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, junto con la ciudadanía en general, expresar sus observaciones sobre las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo.
La presidenta del Colegio Público subrayó que el régimen de selección vigente desde 2003 representaba un avance notable en términos de transparencia y control ciudadano en procesos de gran relevancia institucional. "Las modificaciones que se han introducido no solo acortan el proceso de selección, sino que también limitan la posibilidad de que diversos sectores de la sociedad civil contribuyan con información y perspectivas valiosas, enriqueciendo así la evaluación pública de los candidatos", sostuvo García. Esta situación, a su juicio, pone en riesgo la calidad institucional del sistema de justicia argentino.
García enfatizó que la eliminación de estos mecanismos de participación ciudadana representa un retroceso significativo en comparación con los estándares que Argentina había alcanzado en la designación de las más altas autoridades del sistema judicial. A su juicio, la participación de la sociedad civil no es solo un aspecto deseable, sino una necesidad que fortalece la legitimidad de las decisiones presidenciales y promueve la transparencia del proceso de selección de jueces. La presidenta del Colegio también recordó que el Senado aún conserva sus atribuciones constitucionales para prestar acuerdo, lo que hace aún más necesaria la intervención previa de la sociedad civil en la evaluación de las candidaturas.
En este sentido, García indicó que la posibilidad de que la ciudadanía pueda expresar su apoyo o sus objeciones fundamentadas antes de la remisión de los pliegos es fundamental. "Este diálogo previo no solo enriquece la decisión presidencial, sino que también contribuye a fortalecer la legitimidad democrática de las designaciones", argumentó. La presidenta del Colegio recibió el respaldo del ex titular de la institución, Ricardo Gil Lavedra, quien también se mostró en desacuerdo con la reforma.
Además, García expresó una preocupación adicional relacionada con la derogación de criterios que promovían una integración más diversa de la Corte Suprema. La presidenta del Colegio señaló que estos criterios no restringían las atribuciones del Poder Ejecutivo, sino que orientaban el ejercicio de una facultad de suma relevancia para garantizar una composición más representativa del máximo tribunal del país. La diversidad de género, procedencias y trayectorias profesionales es, según García, crucial para una Corte que refleje la pluralidad de la sociedad argentina.
En un contexto donde la independencia judicial y la transparencia son fundamentales, las reformas impulsadas por el gobierno actual generan un amplio debate en torno a la necesidad de preservar espacios para la participación ciudadana en la selección de jueces. La respuesta del Colegio de Abogados se suma a otras voces que advierten sobre los posibles riesgos de concentrar aún más el poder en el Ejecutivo, en un momento en que la democracia argentina enfrenta desafíos significativos. La comunidad jurídica y la sociedad en su conjunto deberán estar atentas a estas modificaciones y sus implicancias para el futuro del sistema judicial argentino.
