El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclamó al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que acelere la aprobación del real decreto que regulará en España la tarjeta europea de discapacidad y la tarjeta europea de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
La entidad advirtió que la norma lleva “largos meses” de tramitación y sostuvo que, por el momento, no se vislumbra “un horizonte cercano de promulgación y entrada en vigor”. La regulación nacional surge de la directiva europea sobre estas materias, adoptada en 2024. A pedido del sector social de la discapacidad, España se había fijado como objetivo convertirse en el primer país en incorporar esa normativa a su Derecho interno.
Sin embargo, el CERMI consideró que los retrasos acumulados por el Ministerio ponen en duda el cumplimiento de esa meta. Además de reclamar “agilidad”, la organización pidió al departamento que conduce Pablo Bustinduy una “verdadera voluntad” de acuerdo con el sector social de la discapacidad en los aspectos centrales del futuro real decreto.
Según la entidad, los borradores conocidos del proyecto incluyen disposiciones “inasumibles” que debilitan los mandatos de la directiva europea o empeoran la normativa española vigente. Entre sus demandas, el CERMI planteó que el decreto establezca una relación abierta y detallada de los ámbitos en los que tendrá efecto la tarjeta europea de discapacidad. También solicitó que el documento alcance a todas las situaciones legales de discapacidad.
