La acción legal presentada por el medio Ámbito, en la que se demanda al Estado nacional por el acceso restringido a la Casa Rosada, está ahora bajo análisis en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, que está a cargo del juez Walter Lara Correa. Esta medida se formalizó el pasado viernes, tras la decisión del Gobierno de revocar las acreditaciones de sus periodistas, lo que ha generado una controversia en torno a la libertad de prensa y el derecho a la información en el país.
La demanda, que busca una medida cautelar urgente, está patrocinada por el abogado constitucionalista Diego Armesto y fue presentada por las empresas NEFIR SA y Editorial Amfin SA, responsables del medio. En el escrito se pide que se restablezca de inmediato el acceso a la Casa Rosada para las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, quienes han cubierto la actividad del Poder Ejecutivo durante varios años. Esta situación ha suscitado un debate sobre el control que ejerce el Gobierno sobre los medios de comunicación y la forma en que se gestionan las acreditaciones en un entorno donde la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales.
El escrito presentado por Ámbito, a través de su director, Gabriel Morini, argumenta que la restricción impuesta no solo vulnera derechos constitucionales relacionados con la libertad de prensa, sino que también afecta el derecho de los ciudadanos a acceder a información relevante sobre las acciones del gobierno. Este tipo de medidas, en un contexto democrático, son vistas con preocupación, ya que pueden sentar un precedente sobre cómo se manejan las relaciones entre el Estado y los medios de comunicación.
El contexto de esta demanda es particularmente relevante, dado que el 23 de abril, cuando las periodistas intentaron ingresar a la Casa Rosada, se les informó que sus huellas digitales habían sido eliminadas del sistema de acceso. Esta acción ha sido interpretada por el medio como un ataque sistemático a su labor informativa, dado que ambas periodistas contaban con acreditación permanente para ejercer su trabajo en la sede del Gobierno. La decisión de revocar el acceso ha sido catalogada como “ilegítima y arbitraria”, y apunta a un uso del poder que podría resultar perjudicial para el ejercicio del periodismo en Argentina.
Además, el amparo menciona declaraciones del secretario de Comunicación, Javier Lanari, realizadas en redes sociales, donde se argumenta que la eliminación de las huellas dactilares fue una medida preventiva ante una denuncia relacionada con un posible espionaje ilegal. Sin embargo, la falta de claridad sobre las razones que sustentan esta decisión ha generado dudas y críticas por parte de diversos sectores de la sociedad que defienden la libertad de prensa.
La situación actual de Ámbito provoca un análisis profundo sobre el papel de los medios de comunicación en el ámbito político y la responsabilidad del Estado en garantizar el acceso a la información. La demanda no solo pone en tela de juicio las acciones del Gobierno, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de un periodismo libre y sin ataduras, capaz de informar a la ciudadanía sobre las decisiones que afectan su vida cotidiana.
Por último, la solicitud de Ámbito al juez para que se restablezca de forma inmediata el ingreso de las periodistas a la Casa Rosada resalta la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores de prensa. Esta acción judicial se inscribe en un contexto más amplio donde se deben garantizar las libertades fundamentales, especialmente en un país que ha atravesado históricas luchas por la democracia y el derecho a la información. La resolución de este caso podría tener un impacto significativo en el futuro del periodismo en Argentina y en la relación entre los medios y el Estado.
