En un contexto de profunda crisis política y social, una reciente encuesta realizada por la misión de la ONU en Libia ha revelado que el 90% de la población apoya la celebración de elecciones presidenciales y legislativas. Este dato pone de manifiesto el deseo de los libios por encontrar una solución a la división que ha marcado al país desde 2014, cuando se fragmentó en dos administraciones enfrentadas. La situación actual, caracterizada por un vacío de poder y la influencia de grupos armados, ha llevado a muchos ciudadanos a clamar por un cambio que les permita avanzar hacia la estabilidad y la cohesión nacional.

Desde la caída del régimen de Muamar Gadafi en 2011, tras las revueltas de la Primavera Árabe, Libia ha estado atrapada en un ciclo de inestabilidad. La guerra civil, que estalló en 2014, dejó al país dividido entre el Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) en el oeste y el liderazgo del mariscal Jalifa Haftar en el este. Esta fragmentación ha dificultado no solo la gobernabilidad, sino que también ha generado un contexto propicio para la corrupción y la violación de derechos humanos, aspectos que la encuesta ha puesto de manifiesto.

En septiembre de 2021, hubo un intento fallido de organizar elecciones que buscaban poner fin a esta crisis. Sin embargo, las disputas sobre las reglas electorales, la elección de los principales candidatos y el temor a la concentración de poder en manos de un nuevo líder político llevaron a la suspensión del proceso. La falta de consenso entre las facciones rivales ha sido un obstáculo persistente que ha frustrado los esfuerzos por establecer un marco político inclusivo y eficaz.

La misión de la ONU para Libia (UNSMIL) ha elaborado una hoja de ruta que contempla la realización de elecciones antes de finales de febrero de 2027, buscando involucrar a todos los sectores de la sociedad en el proceso. Este enfoque participativo se basa en un diálogo estructurado que concluyó recientemente, y que refleja el deseo de los ciudadanos de tener voz y voto en el futuro de su país. La encuesta, que incluyó a alrededor de 6.000 participantes, es un claro indicio de la urgencia que siente la población por unificar Libia a través del sufragio.

Adicionalmente, el sondeo reveló que el 82% de los encuestados demandó la destitución inmediata de figuras corruptas y responsables de violaciones de derechos humanos. Esta cifra resalta la creciente desconfianza de la población hacia sus líderes y la demanda de justicia y transparencia en la gestión pública. Asimismo, un 74% de los participantes exigió que los culpables de crímenes en el país enfrenten a la justicia, evidenciando una fuerte voluntad de rendición de cuentas.

Los desplazados por la violencia también fueron un tema central en la encuesta, donde un 30% de los libios consideró esencial facilitar su regreso a sus lugares de origen. La preocupación por la seguridad y la reintegración de estas personas refleja la necesidad urgente de restablecer la cohesión social y reparar el tejido social desgastado por años de conflicto. En este marco, la lucha contra la corrupción y la influencia de milicias armadas en la política se presentan como prioridades ineludibles para avanzar hacia un futuro más estable.

En este escenario, la comunidad internacional, representada por actores como el asesor del Gobierno estadounidense para África, Massad Boulos, está trabajando en conjunto con las autoridades libias para buscar un camino hacia la unificación de las instituciones. La clave para resolver esta crisis radica en la capacidad de los líderes libios para dejar de lado sus diferencias y priorizar el bienestar del pueblo, que anhela un futuro en paz y con oportunidades. La presión que ejerce la población a través de su clamor por elecciones es un recordatorio de que la legitimidad política se construye desde la voluntad popular y no desde el poder de las armas.