En un contexto de creciente tensión geopolítica, Estados Unidos, junto a cinco naciones aliadas de América Latina, ha denunciado a China por su intervención en el comercio marítimo, especialmente en lo que respecta a la flota de buques panameños. La acusación se centra en la supuesta "politización" de las relaciones comerciales por parte de Pekín, en medio de un aumento de los controles en los puertos chinos sobre embarcaciones que navegan bajo bandera panameña. Este pronunciamiento surge en un comunicado oficial emitido por la Cancillería de Paraguay, que resalta la firme posición de estos países en defensa de su soberanía y del libre comercio en la región.
El comunicado, que une a Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago y Estados Unidos, subraya que "la soberanía de nuestra región no es negociable". Esta declaración se produce en un contexto donde la presión económica ejercida por China ha sido cada vez más evidente, con acciones que, según los firmantes, buscan vulnerar la autonomía de las naciones americanas. Los países mencionados expresaron su preocupación por las recientes medidas que han impactado directamente a la flota de Panamá, un país que juega un papel crucial en el comercio marítimo global.
Las críticas hacia China se intensifican en medio de un episodio reciente en el que la Corte Suprema de Panamá decidió anular la concesión de gestión de dos puertos cercanos al Canal de Panamá a la empresa Panama Ports Company, que es parte del conglomerado hongkonés CK Hutchison. Esta decisión se da en un contexto de presión por parte de la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, quien había manifestado su inquietud por la influencia china en esta estratégica vía marítima. Los países firmantes ven este tipo de intervenciones como un intento de manipulación del comercio que atenta contra la soberanía panameña.
La posición de Panamá es igualmente relevante, ya que su presidente, José Raúl Mulino, ha reconocido un aumento en las interceptaciones de buques, aunque ha calificado estos hechos como parte de la "rutina de la industria marítima". Mulino ha solicitado respeto hacia la "soberanía jurídica" de su país, enfatizando que Panamá posee uno de los registros mercantes más extensos del mundo, con más de 8.000 embarcaciones bajo su bandera. Esto resalta la importancia del país en el comercio internacional y la necesidad de un enfoque equilibrado en las relaciones comerciales con potencias como China.
Las interceptaciones de los buques panameños no necesariamente implican la confiscación de las embarcaciones o sus cargas, sino más bien provocan demoras en las salidas y requieren inspecciones adicionales por parte de las autoridades portuarias chinas. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre entre los armadores y los operadores logísticos, quienes se ven obligados a adaptarse a un entorno cada vez más complejo y regulado. Desde el gobierno panameño se han realizado esfuerzos para mitigar estas tensiones, aunque el presidente Mulino admitió el 9 de abril que el asunto es "tremendamente técnico" y que ya se ha hecho llegar la preocupación a las autoridades diplomáticas de China.
El escenario actual pone de relieve la interdependencia que existe entre las naciones en el comercio marítimo, a la vez que subraya los desafíos que enfrentan los países pequeños frente a las grandes potencias. La postura unificada de estos seis países en defensa de Panamá indica una creciente preocupación por el uso de la economía como herramienta de poder político. A medida que se desarrollan estos acontecimientos, será crucial observar cómo evoluciona la relación entre Panamá y China, y cómo esto podría afectar el equilibrio comercial en la región de las Américas.
