La Administración de Donald Trump ha implementado nuevas medidas en su política de control fronterizo, enfocándose esta vez en la regulación de los visitantes legales. Este miércoles, el Departamento de Estado anunció la inclusión de 12 nuevos países en un programa que exige fianzas obligatorias para quienes soliciten visas, alcanzando un total de 50 naciones afectadas. A partir del 2 de abril, ciudadanos de países como Nicaragua, Georgia y Etiopía deberán depositar garantías de hasta 15.000 dólares antes de ingresar a Estados Unidos, estableciendo criterios económicos y de riesgo migratorio para el acceso al país.
Este mecanismo, que se puso en marcha el año pasado, tiene como objetivo principal combatir el fenómeno del "overstay", es decir, aquellos que ingresan legalmente al país con visas de turismo o negocios pero no se marchan al expirar su permiso. Según el comunicado oficial, los montos de las fianzas, que pueden ser de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares, serán determinados por el funcionario consular, quien evaluará cada caso individualmente. El depósito será reembolsado en su totalidad si la visa es rechazada o si el visitante cumple con los plazos establecidos para su salida.
La ampliación de la lista de países refleja una creciente desconfianza hacia naciones en desarrollo. Entre los nuevos países incluidos se encuentran Camboya, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez, además de Nicaragua. Esta última inclusión es significativa, especialmente en el contexto centroamericano, donde la migración hacia el norte ha generado tensiones políticas en Washington. Al añadir a Nicaragua a la lista, la administración envía un mensaje claro: la vigilancia no se limita a la frontera física, sino que también se extiende a los consulados.
A pesar de la defensa del Departamento de Estado sobre la eficacia de esta política, basada en resultados preliminares que indican un cumplimiento del 97% entre los solicitantes, la medida ha sido objeto de críticas por su carácter excluyente. Las sumas requeridas, que superan el ingreso anual per cápita en muchos de los países afectados, funcionan como un filtro de clase. En naciones como Etiopía o Lesoto, la fianza de 15.000 dólares se convierte en una barrera insuperable para la mayoría de la población.
