El Departamento de Justicia de Estados Unidos se presentó ante la jueza Loretta Preska para respaldar la posición de Argentina en la disputa legal relacionada con YPF, en la que los fondos demandantes han planteado un desacato.

En un documento extenso de 29 páginas, la administración estadounidense advirtió sobre las posibles repercusiones de los procesos judiciales contra naciones extranjeras, resaltando que podrían afectar la política exterior estadounidense y la reciprocidad que Washington recibe en otros tribunales.

Además, el texto subrayó que las solicitudes de información dirigidas a altos funcionarios de entidades públicas generan tensiones con los principios de cortesía internacional que rigen estas controversias. Se afirmó que las sanciones y penalidades solicitadas no se ajustan a la legislación de inmunidad soberana, recomendando su rechazo. Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, la Casa Blanca ha apoyado la estrategia legal del país en este caso, destacando la consistencia técnica de las presentaciones de Argentina.

La Procuración del Tesoro de la Nación recordó que Argentina ha entregado más de 115.000 páginas de documentación en el marco del proceso de pruebas, sin que los demandantes hayan podido sustentar sus acusaciones. En este contexto, el Estado ha solicitado la suspensión de la etapa probatoria, y tras la negativa de la jueza, ha apelado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Las partes ya han presentado sus argumentos y se espera una decisión en un momento crucial del expediente, donde aún quedan definiciones por tomar sobre la cuestión central y otras impugnaciones relacionadas con la posible entrega de acciones y el alcance de los requerimientos de información.