Un grupo de legisladores ha presentado una impugnación formal contra la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados para discutir modificaciones a la Ley de Glaciares (26.639). Este acto se llevó a cabo el miércoles y fue liderado por Maximiliano Ferraro, quien estuvo acompañado por un amplio grupo de colegas que comparten su preocupación por la falta de transparencia y la limitación de la participación ciudadana en un tema tan relevante como la protección de los glaciares.
Los diputados firmantes, entre los que se encuentran Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo y otros, argumentan que el proceso de convocatoria para la audiencia no cumple con los requisitos básicos establecidos para permitir una participación efectiva del público. Según ellos, la metodología adoptada por la Cámara resulta “inválida” por diversas irregularidades que afectan la esencia de lo que debería ser un debate abierto y accesible a todos los interesados.
Un aspecto central de la impugnación se centra en la forma en que se han limitado las intervenciones orales durante la audiencia. Ferraro ha señalado que más de 100.000 personas manifestaron su interés por participar, pero solo una pequeña fracción tendrá la oportunidad de exponer sus opiniones y preocupaciones. “Esta audiencia se ha convertido en una farsa”, declaró el legislador, enfatizando que se ha decidido restringir la participación al 0,3% de los inscriptos, lo que cuestiona la legitimidad del proceso.
La diputada Selva ha añadido que el procedimiento ha sido arbitrario y carece de la transparencia necesaria para garantizar una elección justa de los oradores. Además, ha criticado el uso de un fallo de la Ciudad de Buenos Aires para limitar la participación de ciudadanos de otras provincias, lo que, según ella, va en contra de los principios de inclusión y equidad en el debate.
Los legisladores han expresado que el formato actual de la audiencia transforma lo que debería ser un foro de discusión genuino en una instancia meramente formal. Esta situación no solo impide un debate real, sino que también limita la posibilidad de que la ciudadanía tenga un impacto significativo en el proceso de toma de decisiones sobre la protección de los glaciares, un recurso vital para el país.
La impugnación presentada exige la nulidad de la audiencia y de todos los actos que se realicen en ese marco, así como la convocatoria a una nueva instancia que garantice una participación “real, abierta e inclusiva”. Este planteo surge en un contexto de creciente preocupación por los efectos que la reforma a la Ley de Glaciares podría tener sobre la gestión de los recursos hídricos y las actividades productivas en diversas regiones del país.
La discusión sobre la reforma no solo se centra en su contenido, sino que también ha puesto de manifiesto las tensiones en torno al procedimiento para su discusión. Los diputados han dejado en claro que, si las restricciones a la participación persisten, no dudarán en recurrir a la Justicia, lo que añade una nueva capa de complejidad a un tema que ya es motivo de controversia en el ámbito político y social del país.
