La situación de los trabajadores que residen en el complejo turístico de Chapadmalal ha generado gran inquietud, luego de que recibieran una notificación por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que los insta a desocupar las viviendas que han habitado por más de dos décadas. Esta medida ha sido calificada como alarmante por los representantes gremiales, quienes advierten que afecta a más de 30 familias que dependen de estas viviendas para su sustento diario. La delegada de ATE, Florencia Marco Ruiz, expresó su indignación en una entrevista, asegurando que la intimación no solo es injusta, sino que también les atribuye una condición de intrusos que consideran inaceptable.

Marco Ruiz destacó que las viviendas no son un privilegio, sino parte de las condiciones laborales que les corresponden como trabajadores del Estado. “No somos intrusos”, reafirmó, subrayando que los salarios de los empleados varían entre 500 mil y un millón de pesos, lo que hace aún más crucial la estabilidad de sus hogares. La delegada también vinculó la notificación con un posible proceso de concesión del complejo turístico, sugiriendo que podría haber un interés en privatizar el uso de estas instalaciones, lo que dejaría a las familias en una situación precaria.

El rol del AABE ha sido cuestionado por los trabajadores, quienes argumentan que este organismo no es su empleador directo. En respuesta a la notificación, han enviado cartas formales a la Jefatura de Gabinete y al área de Turismo, exigiendo respuestas concretas sobre su situación. “Nadie nos ha respondido hasta ahora”, afirmó Marco Ruiz, lo que ha intensificado la incertidumbre y la preocupación entre los afectados.

Con un plazo de diez días establecido para el desalojo, los trabajadores han comenzado a organizarse y asesorarse legalmente para hacer frente a esta intimación. La delegada dejó en claro que no tienen intención de abandonar las viviendas sin una orden judicial válida. “No vamos a aceptar que nos apuren sin ninguna firma de un juez”, advirtió, mostrando la determinación del grupo para defender sus derechos.

La senadora provincial Fernanda Raverta, del partido Fuerza Patria, ha propuesto un proyecto de ley que busca que la provincia de Buenos Aires recupere la titularidad y la administración del complejo turístico. Raverta argumentó que el debate va más allá de la propiedad de un terreno; se trata de definir el modelo de país que se quiere construir. “¿Queremos un país que venda todo o uno que valore lo que es de todos?”, planteó, enfatizando la importancia de la propiedad pública en el contexto actual.

Se estima que alrededor de 50 viviendas están involucradas en este conflicto, el cual podría intensificarse si no se obtienen respuestas claras de las autoridades en los próximos días. Este episodio se enmarca en una serie de decisiones gubernamentales que han afectado la administración de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse, anunciadas en abril del año pasado, donde se determinó su transferencia a la AABE con la intención de iniciar un proceso de licitación. La falta de claridad y de comunicación por parte de las autoridades ha dejado a los trabajadores en una posición vulnerable y a la espera de un desenlace que garantice su estabilidad.