El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha confirmado la deportación de 86 inmigrantes que se encontraban amparados por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Esta medida se justifica por la existencia de antecedentes penales en la mayoría de los casos, según datos oficiales proporcionados a un legislador demócrata.

Entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025, un total de 261 beneficiarios de DACA fueron detenidos, de los cuales 241 tenían antecedentes, aunque la naturaleza de los delitos no fue especificada. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, comunicó esta información al senador Richard Durbin, quien ha expresado su preocupación por las deportaciones y las circunstancias en las que se llevaron a cabo.

Activistas a favor de los derechos de los inmigrantes han cuestionado la validez de algunas de estas detenciones, señalando que varios beneficiarios fueron arrestados por acusaciones que resultaron ser infundadas o que fueron desestimadas posteriormente. Este contexto ha reavivado el debate sobre el uso de antecedentes penales como justificación para la cancelación de la protección migratoria, en especial cuando no se tradujeron en condenas firmes. La administración Trump ha adoptado una postura más restrictiva respecto a DACA, buscando poner fin al programa que protege a jóvenes inmigrantes desde su implementación en la era de Barack Obama.