La abogada Sonia Vera, parte del equipo legal que defiende a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, ha hecho públicas serias acusaciones sobre las condiciones de detención de su cliente. Según Vera, Glas está experimentando un deterioro físico notable, que ella atribuye a la insuficiencia de alimentos en la prisión donde se encuentra recluido. La abogada enfatizó que el exvicepresidente ha perdido alrededor de 14 kilos desde su encarcelamiento, lo que pone en riesgo su salud y, potencialmente, su vida.
En sus declaraciones a través de redes sociales, Vera subrayó que el estado ecuatoriano está exponiendo a Glas a un riesgo inminente. La abogada sostiene que, a pesar de las reiteradas solicitudes para garantizar una alimentación adecuada y acorde a recomendaciones médicas, el Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones básicas. Esta situación se produce casi dos años después de su arresto, el cual ha sido calificado de "arbitrario e ilegal" por su defensa, tras la intervención de fuerzas de seguridad en la Embajada de México en Quito, donde Glas se había refugiado.
El pasado domingo, se conoció que el juez Leonardo Lastra, de la Unidad Judicial de Santa Elena, desestimó un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Glas, argumentando que no se vulneraron sus derechos fundamentales. Lastra también afirmó que el Estado asegura su alimentación y atención médica en el centro penitenciario conocido como La Roca. Sin embargo, la situación de salud del exvicepresidente plantea serias interrogantes sobre la veracidad de estas afirmaciones.
Durante la audiencia de habeas corpus, Glas, en un video presentado, expresó su desesperación por la falta de alimentos, manifestando que vive constantemente con hambre. "Me despierto con hambre, paso la tarde con hambre y me acuesto con hambre... y la evidencia de mi hambre son los 30 kilos menos que peso ahora", afirmó, describiendo su estado físico como alarmante. Glas hizo un llamado al juez, mostrando su deterioro corporal y destacando la urgencia de su situación.
La abogada Vera también mencionó que, aunque en la audiencia se negó la violación de derechos de Glas, se reconocieron serias falencias en la atención médica y nutricional que recibe en prisión, instando a que se tomen medidas correctivas de inmediato. Esta contradicción resalta un problema crítico en el sistema penitenciario ecuatoriano, donde las condiciones de detención a menudo son cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.
Jorge Glas, quien fue vice de Rafael Correa entre 2013 y 2017, se encuentra cumpliendo dos penas por corrupción en los casos Odebrecht y Soborno, además de una condena de primera instancia de 13 años por el caso Reconstrucción de Manabí. Tras haber estado en un régimen de prelibertad por un tiempo, su situación se complicó drásticamente cuando fue arrestado en 2024 tras abandonar la embajada mexicana, donde se encontraba bajo asilo. Desde entonces, su situación ha empeorado considerablemente, lo que ha generado preocupación no solo entre sus allegados, sino también en sectores de la sociedad que abogan por el respeto a los derechos humanos.
La defensa de Glas continúa luchando por mejorar sus condiciones de detención y por su libertad, mientras que el debate sobre la justicia y la política en Ecuador se intensifica. La situación de este exvicepresidente no solo refleja un caso individual, sino que se inserta en un contexto más amplio de crisis política y social que enfrenta el país, lo que hace que su caso sea aún más relevante en el debate público actual.
