La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha elevado una denuncia penal que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), señalando a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino como presuntos integrantes de una "asociación ilícita fiscal". Esta acusación sugiere que los mencionados habrían llevado a cabo operaciones fraudulentas mediante la utilización de facturas apócrifas, un esquema que podría haber permitido evadir impuestos por un total aproximado de 300 millones de pesos. La denuncia fue presentada ante el juzgado penal económico que dirige Diego Amarante, quien ya estaba investigando a la AFA por la apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, que ascienden a casi 19 mil millones de pesos.
Los antecedentes de este caso son alarmantes y han suscitado un interés creciente en el ámbito político y deportivo. La investigación inicial ya había puesto en tela de juicio la gestión financiera de la AFA bajo el liderazgo de Tapia, generando un contexto propicio para la presentación de nuevas denuncias. En esta ocasión, ARCA ha decidido ampliar el enfoque de la investigación, sugiriendo la existencia de una estructura organizada que operaría con la finalidad de cometer delitos tributarios mediante la emisión de facturas falsas, lo que agrava aún más la situación de los acusados.
En el nuevo escrito, que ha sido incluido en el expediente CPE 1182/2025, se detallan operaciones que se habrían llevado a cabo entre los años 2023 y 2025, y se estima que estas maniobras han causado un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66. La denuncia sostiene que se ha detectado un patrón de uso sistemático de proveedores que carecen de la capacidad económica, financiera y operativa necesarias para justificar los pagos realizados por la AFA. Este tipo de prácticas no solo vulneran la ley, sino que también afectan la transparencia en la gestión de recursos públicos, un aspecto que debería ser prioritario en cualquier entidad deportiva.
ARCA destaca en su denuncia que la AFA ha implementado un “ardid” para encubrir a los verdaderos destinatarios de los fondos, lo que sugiere un nivel de planificación y coordinación que podría implicar a varios actores dentro de la organización. Las operaciones identificadas presentan "indicios graves, precisos y concordantes" que apuntan a un esquema de evasión tributaria agravada, lo que podría tener repercusiones significativas para la reputación de la AFA y sus dirigentes. La denuncia menciona específicamente a Tapia y Toviggino, pero también incluye a otros miembros del directorio, como el secretario Víctor Blanco Rodríguez y el dirigente Cristian Malaspina, lo que sugiere que la red de complicidad podría ser más amplia.
La ampliación de la denuncia se produce tras una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria realizados por ARCA, los cuales revelaron una red de empresas con irregularidades estructurales que han sido utilizadas para emitir comprobantes apócrifos. Entre las firmas involucradas se encuentran Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Luicom SA, Holdembrog SA y Consultek Consultora, entre otras. Estas empresas, que presentan características típicas de "usinas de facturación", han sido objeto de un análisis detallado que busca esclarecer el origen y destino de los fondos manejados por la AFA.
La situación plantea un dilema ético y legal en el ámbito del fútbol argentino, donde la transparencia financiera y la correcta gestión de los recursos son fundamentales para el desarrollo del deporte. Las acusaciones contra Tapia y Toviggino marcan un punto de inflexión en la relación entre el fútbol y las autoridades fiscales, lo que podría llevar a un replanteo de las normativas y procedimientos que rigen a las organizaciones deportivas en el país. A medida que la investigación avanza, se espera que surjan más detalles que puedan arrojar luz sobre la magnitud de estas irregularidades y las posibles sanciones que podrían enfrentar los implicados.
