Lima, 20 abr (Redacción Medios Digitales) - En un escenario electoral marcado por la incertidumbre, las últimas actas de las elecciones generales de Perú, que se llevaron a cabo el 12 y 13 de abril, finalmente han llegado a las oficinas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ocho días después de los comicios. Esta situación ha generado preocupación entre los ciudadanos y los actores políticos, ya que la transparencia y la agilidad en el proceso de conteo de votos son fundamentales para la legitimidad de la democracia.
Las actas que arribaron más recientemente corresponden a 31 mesas de sufragio ubicadas en la región de Cusco, específicamente en los distritos de Pichari, Villa Virgen y Villa Kintiarina. La ONPE comunicó a través de su cuenta de Twitter que el traslado de estas actas se realizó en helicóptero, dado que estas localidades se encuentran en zonas de difícil acceso. La demora en este traslado se atribuyó a condiciones climáticas adversas que habían impedido el transporte aéreo en días anteriores, lo que ha suscitado críticas sobre la planificación y logística del proceso electoral.
Además, las actas provenientes del exterior, enviadas desde los consulados peruanos como parte de la valija diplomática, también llegaron a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Lima Centro 1. Cabe destacar que muchos de estos consulados habían enviado las actas en formato digital mediante un software de escaneo y transmisión segura a través de VPN, una medida implementada por la ONPE que busca modernizar y agilizar el proceso electoral y que ha resultado fundamental en este contexto de retrasos.
Una vez que las actas son recibidas en las ODPE, ingresan a los centros de cómputo para iniciar su procesamiento. Durante esta etapa, las actas que presentan observaciones o que tienen votos impugnados son remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), quienes son los encargados de resolver cualquier incidencia. Si estas resoluciones son apeladas, el caso pasa al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que es la máxima autoridad electoral en el país, y cuya decisión es definitiva. Actualmente, la ONPE ha logrado procesar un poco más del 93 % de las actas.
El JNE ha informado que se espera que los resultados finales de las elecciones estén disponibles para el 15 de mayo, aunque ya se han detectado más de 65.000 actas de votación que han sido observadas, y más de 27.000 de ellas están en proceso de resolución. Hasta el momento, los JEE han recibido 381 actas para proceder con el recuento de votos, y han comenzado a realizar las primeras audiencias públicas para llevar a cabo este procedimiento, lo que añade un nivel adicional de transparencia al proceso.
La segunda vuelta presidencial está programada para el 7 de junio, y según los resultados preliminares, se disputará entre la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, quien ha obtenido el 17 % de los votos válidos, y uno de sus rivales, que podría ser el izquierdista Roberto Sánchez, con un 12 %, o el ultraconservador Rafael López Aliaga, que cuenta con un 11,9 % de apoyo. López Aliaga ha estado activo en las calles, organizando manifestaciones y denunciando un supuesto fraude sin presentar evidencias concretas, al tiempo que ha solicitado la convocatoria de elecciones complementarias para aquellos ciudadanos que no pudieron votar debido al retraso en la apertura de los centros de votación, especialmente en Lima, que es su principal base electoral.
Con estos antecedentes, el clima electoral en Perú se torna cada vez más tenso, y las expectativas de la población sobre una resolución rápida y transparente son altas. La forma en que se resuelvan estas disputas y se maneje el conteo de votos será crucial para la estabilidad política en el país en los meses venideros. La ONPE y el JNE tienen la tarea monumental de garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera efectiva, para así preservar la confianza ciudadana en el sistema democrático.
