El Gobierno afronta el próximo martes 29 de septiembre como el último plazo previsto para aprobar en el Consejo de Ministros el nuevo decreto ley de vivienda. La decisión había sido postergada a finales de julio debido a la falta de apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante la iniciativa.
El texto, acordado entre el PSOE y Sumar, contempla la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, y un aumento del IVA de los pisos turísticos hasta el 21%. También incorpora medidas destinadas a ampliar la oferta de vivienda asequible y plantea bonificaciones fiscales para los propietarios que reduzcan las rentas.
La propuesta se organiza en dos grandes bloques. Por un lado, incluye medidas para brindar mayor estabilidad a los alquileres y combatir posibles fraudes mediante la regulación de los contratos de temporada y de habitaciones. Por otro, prevé acciones para movilizar vivienda asequible, entre ellas una reforma de la Ley del Suelo. Además, el texto contempla negociar medidas de protección para las familias vulnerables ante los desahucios.
Sin embargo, las diferencias con los grupos parlamentarios cuyo respaldo necesita el Ejecutivo han impedido hasta ahora que el decreto sea presentado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció a finales de agosto que algunas de las medidas resultan "excesivas" para Junts y, al mismo tiempo, "insuficientes" para Sumar.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pidió a las distintas formaciones un "esfuerzo de generosidad" y sostuvo que el proyecto incorpora iniciativas planteadas por varios grupos. A pesar de ese reclamo, las discrepancias políticas mantienen abierta la negociación y retrasan la aprobación del decreto.
