La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue denunciada penalmente por mantener en funciones a María Caruajulca Quispe, titular de la Procuraduría General del Estado, pese a que enfrenta un proceso penal y cuenta con una condena de primera instancia, según sostiene la presentación judicial.
La denuncia también alcanza a los expresidentes Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, además de sus respectivos ministros de Justicia. El escrito afirma que las autoridades conocían o debían conocer la existencia de un proceso penal activo contra Caruajulca y que, por ese motivo, tenían la obligación legal de disponer su cese. También sostiene que esa situación fue ocultada o no informada de manera adecuada.
Caruajulca había sido restituida en el cargo en mayo de 2024, mediante una resolución suprema que ejecutó una sentencia de amparo. Para entonces, ya llevaba varios meses formalmente sometida a un proceso penal iniciado por el propio Ministerio Público, con el Ministerio de Justicia como agraviado directo. La denuncia plantea que un acto administrativo sustentado en información falsa u omitida no puede considerarse válido, incluso si ya fue ejecutado.
El escrito recuerda además que el 26 de enero, el 15º Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte dictó una sentencia condenatoria de primera instancia contra Caruajulca. Según el denunciante, cuando el actual Gobierno asumió sus funciones, la procuradora no solo tenía una causa penal abierta, sino también una condena judicial, circunstancia que habría agravado su situación y reforzado la obligación de apartarla del cargo.
