Expertos han indicado que muchos cubanoestadounidenses que abandonaron la isla lo hicieron tras perder sus negocios y, por lo tanto, enfrentan serias dificultades para regresar sin contar con garantías jurídicas fundamentales.

Diana Sainz y su esposo, Andrea Gallina, decidieron hacer una fuerte inversión hace aproximadamente diez años, en el momento en que Cuba empezó a abrirse a la iniciativa privada. Hoy, son propietarios de dos hoteles boutique y tres pequeños mercados en La Habana, además de un centro de producción de comidas congeladas. Sin embargo, la situación es crítica: con el combustible escaso y cortes de electricidad frecuentes, han cancelado el 90% de sus reservas y se han visto obligados a despedir a numerosos empleados.

En un contexto marcado por la presión del gobierno de Donald Trump y un embargo petrolero que ha paralizado al país, el gobierno cubano anunció recientemente nuevas regulaciones que permitirán a los emigrantes ser propietarios de empresas e invertir en el sector privado. Sin embargo, a pesar de esta medida, muchos observadores sostienen que no es suficiente para enfrentar la crisis humanitaria y que los cambios necesarios para atraer inversión extranjera aún no están a la vista. La implementación de estas nuevas regulaciones podría demorar y enfrentar obstáculos legales en Estados Unidos, lo que genera escepticismo entre los empresarios.

Sainz, en una entrevista desde La Habana, expresó que aunque valora el avance, considera que las nuevas medidas son insuficientes y no logran abordar la complejidad de la reapertura económica que necesita Cuba. El país enfrenta una grave recesión, exacerbada por las sanciones y la migración masiva, mientras que el presidente Díaz-Canel admite que están en diálogo con Estados Unidos para encontrar soluciones a la crisis.

Con el panorama actual, los cubanos y los inversores observan con cautela los desarrollos, esperando que se traduzcan en cambios significativos y no solo en promesas sin concretar.