La crisis industrial en la provincia de Buenos Aires se ha profundizado drásticamente, con un total de 5.800 empresas que han cerrado sus puertas desde la asunción de Javier Milei. Este fenómeno ha llevado a un uso de la capacidad instalada que se encuentra en niveles alarmantes, oscilando entre los índices más bajos desde la pandemia.

En diversas localidades bonaerenses, la escena se repite con preocupante frecuencia: maquinaria inactiva, turnos laborales recortados y empresas que cierran sus accesos. Cada cierre no solo representa la pérdida de una fuente de producción, sino también un efecto dominó que afecta a proveedores, trabajadores y economías locales, generando un impacto negativo en el empleo y el consumo regional.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la provincia ha registrado una disminución significativa en el número de empleadores, cayendo de 153.497 a 147.665 entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. Esta situación se traduce en la pérdida de 79.090 puestos de trabajo formales en el mismo período, lo que ha sido señalado por el gobernador Axel Kicillof como un indicador del deterioro del mercado laboral en el país, donde 299.600 trabajadores han perdido su empleo y unas 200.000 personas han pasado a la informalidad.

Kicillof subrayó que el uso de la capacidad instalada en sectores clave como el metalmecánico y textil no supera el 40%, mientras que en la industria automotriz apenas alcanza el 30%. Además, mencionó una lista extensa de empresas que han enfrentado suspensiones y despidos, abarcando desde grandes marcas de electrodomésticos hasta laboratorios y empresas alimenticias. En su análisis, el gobernador cuestionó la efectividad de las políticas de inversión, señalando que incluso con incentivos, la inversión extranjera directa ha tenido un saldo negativo por primera vez en más de dos décadas, lo que refleja un grave problema estructural en la economía nacional.