La industria yerbatera de Misiones se encuentra en un estado crítico, producto de una serie de decisiones políticas que han desestabilizado el mercado. La reciente desregulación del sector, acentuada por la caída de los precios de la materia prima y la concentración del poder económico en manos de grandes empresas, ha generado un clima de preocupación entre los productores locales. Este fenómeno no solo impacta a los agricultores, sino que también afecta a aproximadamente 50.000 familias, poniendo en jaque la estabilidad de un pilar fundamental de la economía provincial.
En una conversación con Redacción Medios Digitales, Julio Peterson, un productor de yerba de la región, explicó que el costo de producción de un kilo de hoja verde ha alcanzado los $435, mientras que las ofertas que reciben por parte de los compradores no superan los $260. Esta disparidad ha llevado a muchos pequeños productores y cooperativas a una situación insostenible, donde resulta inviable continuar con su actividad. “Es una situación que no se puede sostener”, enfatizó Peterson, reflejando el sentir de un sector que se encuentra cada vez más asfixiado.
La raíz del conflicto se remonta al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, promulgado por el Gobierno de Javier Milei, que eliminó la autoridad del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) para regular los precios del producto. De este modo, las decisiones sobre el valor de la yerba pasan a ser definidas exclusivamente por el mercado y las empresas, lo que ha fortalecido a las grandes corporaciones y ha provocado un descalabro en los ingresos de los productores. Peterson señala que esta medida ha generado una caída dramática en el precio que obtienen por su producto, lo que agrava aún más la situación.
El actual esquema del mercado se caracteriza por el dominio de dos grandes firmas, Playadito y Las Marías, que controlan casi la mitad de la molienda nacional. Esta concentración del poder ha llevado a que los pequeños productores se vean en una situación de desventaja, enfrentando precios poco competitivos que no reflejan el costo de producción. “Históricamente, recibíamos entre el 10% y el 15% de lo que los consumidores pagan en góndola, ahora solo obtenemos el 3%”, se lamentó Peterson, describiendo la crítica situación de las cooperativas al borde del colapso financiero.
La distancia del gobierno nacional con respecto a las problemáticas del sector ha generado un clima de frustración entre los productores. Peterson criticó la falta de acción concreta y la dependencia en excusas, señalando que, a diferencia de administraciones anteriores, hoy se enfrenta un vacío en la gestión que no ofrece respuestas ni soluciones efectivas. “Es el primer gobierno que no trae soluciones; el único resultado es un silencio inoperante”, expresó, reflejando la sensación de abandono que sienten los productores.
Ante esta situación, las asociaciones de productores han decidido recurrir a la Justicia federal, presentando una demanda para que se evalúe la derogación del artículo del DNU que eliminó la regulación de precios por ley. Su objetivo es restablecer un precio de resguardo oficial que garantice la viabilidad económica de los productores y les brinde la previsibilidad necesaria para continuar con su labor. La industria yerbatera no solo es crucial para la economía de Misiones, sino que también forma parte de la identidad cultural argentina, y su futuro depende de decisiones que se tomen en el corto plazo.
En conclusión, la crisis que atraviesa la industria yerbatera en Misiones no es solo un problema económico, sino un desafío que involucra a miles de familias y el futuro de una tradición cultural. La necesidad de un marco regulatorio que proteja a los productores es más urgente que nunca, y el tiempo corre en contra de un sector que se encuentra en la cuerda floja. Sin una intervención efectiva, el legado de la yerba mate en la región podría estar en serios peligros.
