La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia aprobó este viernes, por mayoría de dos tercios, una resolución que habilita la suspensión directa del fiscal general del Estado cuando se encuentre imputado por un delito grave. La medida también permite designar a un fiscal general interino para cubrir eventuales ausencias durante un período de hasta tres meses.
La resolución alcanza al actual titular del Ministerio Público, Roger Mariaca, quien está acusado de narcotráfico. Según explicó el presidente de la ALP, Diego Ávila, la modificación de la Ley 260 del Ministerio Público busca garantizar la transparencia de las investigaciones cuando el fiscal general esté involucrado en un hecho de esa gravedad.
“Vamos a implementar la medida para que una persona pueda hacerse cargo momentáneamente por tres meses, para que quede al mando de la Fiscalía”, afirmó Ávila durante la sesión plenaria. El legislador sostuvo que no debería permanecer al frente del organismo una persona implicada en un delito ni alguien de su equipo, debido a que ambos podrían haber formado parte del entorno del fiscal investigado.
Ávila también señaló que el interino no deberá tener relación con el entorno de Mariaca y que, durante esos tres meses, tendrá que cumplir las tareas que le encomiende la Asamblea Legislativa, y no el Poder Ejecutivo. La aprobación se produjo después de que el actual fiscal general interino, Luis Montaño, presentara este viernes una declaración vinculada con su asunción.
