La tensión en el Senado de la provincia de Buenos Aires ha escalado a niveles notables, marcando un nuevo capítulo en la contienda entre Axel Kicillof y los integrantes de La Cámpora, la agrupación que responde a Cristina Kirchner. Este conflicto, que ya ha sido un tema recurrente desde el inicio del año, ha tenido como telón de fondo disputas por el control de los cargos en la conducción del Senado y, más recientemente, la asignación de las comisiones legislativas. A pesar de los intentos de conciliación, la falta de acuerdo ha llevado a un clima de confrontación que amenaza con desestabilizar aún más el equilibrio político en la provincia.
En los primeros días de este año, la disputa se centró en la asignación de posiciones dentro del Senado, donde el Instituto Patria, la agrupación liderada por Cristina Kirchner, logró una victoria significativa al posicionar a Mario Ishii en el tercer lugar de la línea sucesoria provincial y alinear a Sergio Berni al frente de la bancada oficialista. Sin embargo, la semana pasada, la contienda se avivó nuevamente cuando se discutió el reparto de comisiones. La vicegobernadora Verónica Magario intentó tomar el control de la situación mediante un decreto que definía la composición de cada comisión, pero su decisión solo exacerbó las tensiones, llevándola a una reunión marcada por gritos y recriminaciones.
Uno de los puntos más críticos de esta controversia ha sido la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), un órgano clave que maneja la designación de jueces y fiscales, incluyendo aquellos que intervienen en la Corte bonaerense. Magario designó a Malena Galmarini, esposa del ministro de Economía Sergio Massa, en este puesto estratégico, lo que provocó una reacción inmediata entre los camporistas. Hasta ese momento, la ACA había estado bajo la dirección de Emanuel González Santalla, un referente cercano a Máximo Kirchner, y su reemplazo ha generado una fuerte incertidumbre en el sistema judicial que rodea al Instituto Patria.
La respuesta del camporismo no se hizo esperar, cargando las culpas sobre Kicillof y acusando a la vicegobernadora de haber quebrantado un acuerdo anterior. Aunque Berni, quien ha tenido enfrentamientos previos con Magario, llegó a insinuar la posibilidad de impugnar el nuevo reparto, su falta de argumentos sólidos lo llevó a no llevar adelante su amenaza. En contraste, el Frente Renovador, que se beneficia de esta reconfiguración, ha optado por mantener un perfil bajo, aceptando sin cuestionamientos el nuevo escenario político.
Kicillof, en un intento por evitar una mayor escalada del conflicto, ha decidido mantenerse al margen de la confrontación, asegurando su control sobre la comisión de Legislación General, un espacio vital para frenar iniciativas legislativas que podrían resultar problemáticas, como el proyecto de Ishii sobre el recorte del programa alimentario MESA. Esta estrategia de distanciamiento parece ser un intento del gobernador de navegar en aguas turbulentas, buscando preservar su posición sin exacerbar más las divisiones internas.
La crisis en el seno del oficialismo ha llegado a un punto tal que Magario, en la práctica, ha comenzado a explorar nuevas alianzas con sectores de la oposición, lo que refleja la profunda fragmentación que atraviesa al bloque oficial. “Está todo empantanado”, es la frase que resuena entre sus cercanos, evidenciando la complejidad de la situación actual.
Para empeorar las cosas, la reciente declaración de Teresa García ha añadido más leña al fuego. Al ser cuestionada por Nancy Pazos sobre la necesidad de que el próximo candidato presidencial sea “un nuevo Cámpora”, su respuesta afirmativa ha sido interpretada como una clara señal del rumbo que podría tomar el kirchnerismo. Este comentario ha resonado con fuerza, evocando el pasado y sugiriendo que la estrategia de la actual conducción puede estar enfocada en condicionar a Kicillof, reservándole un lugar específico dentro del poder político.
