La situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Argentina se ha vuelto crítica, con un incremento alarmante del 130% en la apertura de concursos preventivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el último año. Esta dramática cifra fue presentada por Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), quien advirtió que, de continuar esta tendencia, el 2026 podría superar los niveles de quiebras alcanzados durante la pandemia. En un contexto donde la economía local se encuentra en una fase de deterioro acelerado, Rosato hizo un llamado urgente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, para que implementen medidas inmediatas que frenen esta crisis terminal que afecta a las pymes y que ponga en agenda la aprobación de un proyecto de ley de emergencia económica.
Rosato expresó su preocupación sobre el futuro del sector, enfatizando que las proyecciones iniciales de cierre de más de 1.000 pymes se han visto superadas por la realidad, donde las cifras de concursos preventivos indican un daño más profundo al tejido productivo del país. "Estos datos corresponden únicamente a la Capital Federal, por lo que es probable que la magnitud de la crisis sea aún mayor al considerar el resto del país", subrayó el dirigente. En un contexto de inacción, Rosato insistió en que no hay espacio para debates ideológicos; lo prioritario es salvar a las empresas y a los trabajadores que dependen de ellas.
En una presentación ante la prensa, Rosato estuvo acompañado por Germán Pizzano, responsable del Departamento de Legales de IPA, quien aportó datos cruciales sobre la crisis. Según Pizzano, se estima que entre noviembre de 2023 y principios de 2026, cerrarán aproximadamente 24.437 empresas, un número que pone de relieve la gravedad de la situación. Además, destacó que la extinción de estas unidades productivas ha llevado a que más de 327.813 trabajadores hayan perdido su cobertura en el sistema de riesgos del trabajo, lo que incrementa aún más el impacto social de esta crisis.
El informe elaborado por IPA también señala que la contracción de la actividad económica ha desencadenado un proceso de desinversión sin precedentes, con un saldo negativo en la inversión extranjera directa que no se había visto en los últimos 22 años. Este fenómeno ha llevado a que muchas multinacionales decidan abandonar el país, mientras que las empresas locales intentan adaptarse a la nueva realidad económica, reestructurando su modelo de negocio para sobrevivir. Pizzano se refirió a esta adaptación como una "destreza darwiniana" en la que las empresas se están reconvirtiendo en importadoras para hacer frente a la situación.
La crisis en el sector pyme también ha tenido un impacto directo en el sistema judicial, que se encuentra colapsado por la cantidad de casos relacionados con concursos preventivos. Según los datos proporcionados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en 2025 se registraron 190 aperturas de concursos, un aumento significativo respecto a los 82 del año anterior, lo que representa un incremento del 131,71%. Esta tendencia destructiva parece haber empeorado a inicios de 2026, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema judicial para gestionar la creciente carga de casos.
El panorama que se presenta es desalentador y requiere una respuesta inmediata por parte de las autoridades. La necesidad de un plan de acción que contemple medidas de apoyo a las pymes y a sus trabajadores es urgente, no solo para mitigar los efectos de esta crisis, sino también para sentar las bases de una recuperación económica sostenible. Mientras tanto, los actores del sector continúan alertando sobre la inminente necesidad de intervención, ya que el tiempo se agota y la situación se vuelve cada vez más crítica para miles de familias que dependen de estas pequeñas y medianas empresas.
La situación actual plantea un escenario preocupante que podría llevar a un colapso aún más profundo en la economía nacional. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar el futuro de las pymes en Argentina y la estabilidad laboral de sus trabajadores, lo que pone de relieve la importancia de una acción coordinada y efectiva por parte del gobierno y los legisladores en este contexto de crisis.
