La controversia en torno al caso de la criptomoneda $LIBRA se intensifica, ya que los cuatro afectados representados por el abogado y líder social Juan Grabois han decidido apelar la reciente decisión judicial que los excluye del proceso penal. Esta situación se agrava al contar también con la apelación de Martín Romeo, otro de los damnificados. Todos ellos sostienen que el juez encargado del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, prejuzga la situación y desestima pruebas esenciales que podrían demostrar la existencia de una estafa.
La causa investiga una posible maniobra fraudulenta en relación al lanzamiento de $LIBRA, y los querellantes han presentado un recurso contra la resolución emitida el 3 de julio, que los apartó del rol de parte querellante. En su apelación, Grabois y su colega Camila Palacin Roitbarg argumentan que la decisión del magistrado ignora la magnitud de la supuesta estafa, que ya ha sido acreditada en la causa a través de diversas pruebas.
Uno de los puntos clave de la apelación es la crítica a la interpretación del juez, quien considera que "los hechos investigados no se subsumen en el delito de estafa", al describir lo sucedido como una mera inversión especulativa fallida, característica de la volatilidad de una 'memecoin'. Esta calificación ha sido fuertemente cuestionada por los querellantes, quienes consideran que tal afirmación minimiza la gravedad de los hechos y la planificación meticulosa de la supuesta maniobra fraudulenta.
Además, los querellantes han destacado la importancia de diversas evidencias que respaldan su acusación. Entre ellas, mencionan los peritajes oficiales, las extracciones forenses de dispositivos incautados, así como informes elaborados por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI) y la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina. También se hace referencia a la declaración del ingeniero Fernando Molina ante la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA de la Cámara de Diputados, que refuerza la idea de que se trató de una maniobra fraudulenta bien coordinada y no simplemente de una caída en el valor de un activo digital.
La apelación incluye también mensajes de la periodista Nancy Pazos, en los cuales se alerta al presidente Javier Milei sobre un posible fraude relacionado con $LIBRA. La respuesta del presidente, según el documento, sugiere que consideraba a la criptomoneda como una herramienta para financiar pequeñas y medianas empresas en Argentina, algo que los apelantes afirman que nunca se materializó.
Grabois subraya que excluir a las querellas en esta etapa del proceso equivaldría a consolidar un vacío de control, lo cual contraviene la intención de que las víctimas participen activamente en la causa. La Sala I de la Cámara Federal ahora tiene la responsabilidad de decidir si revoca la decisión del juez Martínez De Giorgi y permite a las víctimas continuar su participación en el juicio como querellantes. Este caso ha experimentado un cambio de sala durante la investigación, lo que ha añadido una capa adicional de complejidad al proceso judicial.
