La situación de acceso a servicios básicos en Argentina se ha deteriorado notablemente en los últimos años, reflejando una creciente desigualdad social. En un contexto donde los salarios y la producción enfrentan serios problemas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha revelado que más del 52% de la población no cuenta con al menos uno de los servicios esenciales: agua corriente, gas de red o cloacas. Esta cifra, que ha aumentado del 51% al 52,9% durante el segundo semestre de 2025, destaca la urgencia de abordar las carencias en la infraestructura que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos.

Dentro de este panorama, el acceso al gas de red ha mostrado un preocupante retroceso. Según los datos, la cobertura de este servicio ha disminuido del 61,9% en el segundo semestre de 2023 al 60,5% en el mismo periodo de 2025. Este retroceso se suma a un incremento significativo en las tarifas de gas, que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se elevaron un 28% interanual en diciembre de 2025 y un alarmante 709% desde noviembre de 2023. La situación es aún más compleja al considerar que el agua corriente, aunque es accesible para el 89,7% de la población, se encarece en un 13% interanual y un 386% desde el inicio de la gestión del actual gobierno.

Los datos sobre el acceso a servicios de saneamiento también son preocupantes. Solo el 69,5% de los argentinos cuenta con acceso a cloacas, lo que revela una insuficiente infraestructura para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. La combinación de estos servicios esenciales es aún más alarmante: apenas el 47,1% de la población puede acceder a agua, gas y cloacas simultáneamente. Este déficit en infraestructura no solo afecta la calidad de vida, sino que también profundiza las brechas territoriales, donde las zonas más vulnerables son las más afectadas.

El informe del INDEC también pone de manifiesto la crisis en el sistema de salud. La cobertura médica ha disminuido, lo que genera una mayor presión sobre el sistema público. En el segundo semestre de 2025, solo el 65,4% de los argentinos contaba con algún tipo de cobertura, ya sea obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia. Esta cifra representa una caída respecto al 67,1% del año anterior y al 67,5% en 2023. Esto implica que cerca de 10,3 millones de personas dependen exclusivamente del sistema público de salud, lo que refleja una vulnerabilidad creciente, sobre todo en niños y adolescentes, donde el 45% no cuenta con acceso a servicios de salud adecuados.

En el ámbito habitacional, aunque se observan ciertos signos de estabilidad, persisten focos de precariedad. Un 81% de los hogares posee viviendas construidas con materiales adecuados, pero un 12,6% presenta condiciones parcialmente insuficientes y un 6,4% se encuentra en situación de insuficiencia crítica. Además, un 1,9% de los hogares vive en hacinamiento extremo, afectando a más de un millón de personas, mientras que un 12% no cuenta con saneamiento adecuado y un 6,1% carece de un baño con descarga de agua.

La problemática se agrava aún más en zonas vulnerables, donde un 8,2% de los hogares se encuentra en áreas inundables y otro 5,3% reside cerca de basurales. Este escenario pone de relieve la urgencia de implementar políticas públicas efectivas que aborden las necesidades básicas de la población, priorizando el acceso a servicios esenciales y garantizando una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. La falta de acceso a agua, gas y cloacas, junto con la crisis en el sistema de salud, son indicadores claros de la situación crítica que enfrenta Argentina y la necesidad de un enfoque integral para revertir esta tendencia.